Orden de detención para represores

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 15 represores por más de un centenar de secuestros y torturas.
, entre otros delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como «Puente 12» o «Protobanco», en Camino de Cintura y Ricchieri, enfrente del «Vesubio».

La medida se tomó en el marco de la «megacausa» que sustancia el magistrado por los hechos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, indicaron esta mañana a Télam fuentes judiciales.

Los informantes recordaron que en los hechos se investigan los secuestros y torturas de alrededor de 120 víctimas de las cuales tres decenas están desparecidas o fueron asesinadas en «Puente 12” o “Protobanco”, fue funcionó desde 1974 hasta 1977.

Entre los represores detenidos se encuentran los ex Comisarios de la Policía Bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, y los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino, todos ellos alojados en la cárcel de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal.

A los ex policías Rafecas los responsabilizó por llevar a cabo un operativo ilegal en una casa del barrio de Palermo, el 5 de noviembre de 1975, donde fue asesinada María Teresa Barvich, de 24 años y fueron «brutalmente secuestrados» Noemí Moreno -embarazada de siete meses-, Norberto Rey, los hermanos Washington y Juan Carlos Mogorodoy, Blanca Becher y Griselda Lazarte, quienes fueron conducidos a “Protobanco” donde fueron torturados.

El juez también dispuso la detención e indagatoria de los ya apresados Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ambos ya condenados en el marco de esta megacausa por su actuación en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”; ya que en “Protobanco” actuaba también la banda del fallecido Aníbal Gordon.

Rafecas ordenó además la detención de Hugo Idelbrando Pascarelli, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis; el primero como Jefe de Área y los dos últimos como responsables militares en la zona, así como del ya condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, todos como «autores mediatos» de esos delitos de lesa humanidad.

Las fuentes explicaron que “Protobanco” comenzó a funcionar en 1975 hasta febrero 1977 y allí «se sometió a las víctimas a condiciones infrahumanas equiparables a torturas, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento».

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