TRES AÑOS DE LUCHA

“Luciano Arruga es un ejemplo de tantos casos que suceden en la Argentina”

enero 17, 2012
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Esta frase fue el punto de coincidencia que unió a familiares del adolescente desaparecido, a diferentes representantes de organismos locales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos y al intendente Fernando Espinoza.

A tres años de la búsqueda de Luciano Arruga, la causa no avanza, los policías sospechados siguen en función. Hace pocas semanas parte de la sociedad y del poder político dejaron de invisibilizar el caso. Se admitió la desidia en el control policial y se entregó a la familia las instalaciones del destacamento en el que desapareció Luciano.

 

Por Ángela Tobar

atobar@periodicosic.com.ar

 

Según las estadísticas elaboradas por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en los 25 años de democracia se registraron más de tres mil casos de personas asesinadas en cárceles y comisarías, víctimas del gatillo fácil y tortura. Más de la mitad de ellos eran jóvenes de menos de 25 años.

De esta cifra, el 49 por ciento de los casos están registrados por gatillo fácil, y el 36 por ciento de las muertes ocurre en cárceles o comisarías bajo custodia policial.

Según se asegura desde la página de este organismo, “las permanentes campañas de ley y orden, al amparo del discurso oficial de la inseguridad, invisibilizan estos homicidios contra jóvenes y pobres”.

Luciano Arruga está dentro de estas lamentables estadísticas, con tan solo 16 años se atrevió a negarse a la propuesta de un grupo de policías que consistía en robar para ellos, según consta en la causa que maneja la fiscal Celia Cejas. En el 2007, el intendente Fernando Espinoza, junto a un grupo de vecinos que exigía más presencia policial en las calles, inauguró el destacamento policial de Lomas del Mirador, el mismo dependía de la comisaría 8ª de esa localidad, ex Centro Clandestino de Detención en la última dictadura, apodado el “Sheraton”.

En ese lugar, Luciano Arruga estuvo detenido de manera ilegal en dos oportunidades: El 22 de septiembre de 2008, cuando lo golpearon ante la vista de su hermana y su mamá, y el 31 de enero de 2009, cuando desapareció.

El pasado 28 de diciembre, el mismo Intendente decidió trasladar esa dependencia a Monte Dorrego y ceder las instalaciones a la familia Arruga, la Secretaría de Derechos Humanos de La Matanza y la Asamblea por los Derechos Humanos, para que, entre todos logren crear un espacio para la Memoria y la Reflexión.

 

El día que Espinoza admitió que no controló como debía

Durante el acto de cierre del destacamento ubicado en Indart 106, el Jefe Comunal miró a los ojos a la madre de Luciano y le pidió perdón.

Mientras que la hermana de Luciano, Vanesa Orieta responsabilizó al Gobierno Comunal por la falta de control de las dependencias policiales al remarcar: “Si pretendemos abrir más espacios para garantizar la seguridad de los vecinos que los piden, la responsabilidad es la de controlarlos a todos, porque adentro se tortura y se mata”.

En este sentido el Intendente, emocionado, admitió la deficiencia que existió en el control y expresó “tenés razón Vanesa… como intendente tendría que haber estado supervisando más lo que pasaba en este destacamento y por eso te pido mil disculpas y me hago cargo. Sé que con la disculpa no pasa nada y quiero que sepas Mónica (madre de Luciano) que nunca me imagine que podían pasar cosas como estas en este lugar”, lamentó Espinoza.

En un discurso sin filtros reconoció: “Me siento responsable como intendente y representante del Estado en sí, todos saben que la Policía de la Provincia no depende de un intendente pero todo lo que pasa con mi pueblo y mis vecinos es responsabilidad mía y pongo la cara siempre”.

Más tarde, en diálogo con este medio la madre de Luciano, replicó entre dolor y llanto: “Yo decía que a mi hijo lo tenía la policía y me llamaban loca, decían que estaba loca. ¡Mónica estás loca! Eso me decían y ahora el Intendente me pide perdón, me dice que no sabía que la policía mataba a pibes… Ahora no me sirve, no me sirve, eso no me devuelve a mi hijo”.

 

Compromiso asumido

El Intendente se comprometió a gestionar un encuentro entre la familia de Luciano y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien hasta el momento no aceptó recibir a la familia, Espinoza aseguró: “Voy a volver hablar con el gobernador Daniel Scioli para que pueda recibir a la familia para escucharla”.

 

La causa

Las instalaciones del ex destacamento fueron entregadas en un deplorable estado de mantenimiento. La sorpresa para muchos fue encontrar que en el fondo de la fachada existen dos habitaciones más, la familia sospecha que Luciano pudo ser ocultado en ese lugar.

Vanesa comentó a S!C: “Yo desconocía que esto era tan grande, la gente me advirtió que rompiera las puertas porque creían que a mi hermano lo tenían en el fondo y pese a nuestros gritos nunca nos dejaron, duele pensar que pude estar tan cerca de Luciano”

Lo paradójico en este caso es que pese a las pruebas presentadas, las declaraciones de los testigos y tres años de búsqueda, la carátula del caso continúe siendo la de averiguación de paradero, se lo busca como si el adolescente estaría perdido. En cuanto a los ocho policías involucrados y sospechados de su desaparición, continúan en funciones y figuran como testigos en la causa.

 

“A los fiscales se le complica investigar a los policías”

 

El titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel explicó a S!C que la denuncia presentada a la UFI Nº 5 del departamento Judicial de La Matanza en el año 2009 y que acusa a las fuerzas de seguridad por reclutar jóvenes de escasos recursos para cometer delitos, “está archivada”.

“Queremos reactivarla pidiendo que se cite como testigo calificado al que fue Ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, quien denunció lo mismo y con ese testimonio desarchivar la causa y que siga. La realidad es que el reclutar a pibes pobres y menores y el liberarles las zonas para robar es una metodología que persiste y pone en riesgo la vida de tantos jóvenes”.

Con respecto a las denuncias recibidas por la APDH, manifestó que “hay varias denuncias realizadas, nosotros orientamos a la gente a que haga la denuncia ante la justicia, pero la realidad es que estas causas contra miembros de la policía son difíciles, porque los fiscales dependen de la policía para resolver el 95 por ciento de las causas y cuando tienen que investigar a sus aliados permanentes se les complica”.

Mientras que Roberto Cipriano García, miembro de la Dirección del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que acompañó a la familia desde el inicio y que llevó el caso a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño en Naciones Unidas, recordó que estos organismos han exigido al Estado Nacional que esclarezca la desaparición de Luciano Arruga y modifique “el problema estructural que existe en la provincia de Buenos Aires con la violencia institucional generada por las fuerza de seguridad, no solo la policía bonaerense sino el servicio penitenciario bonaerense”.

Según analizó, “hay una matriz autoritaria en nuestra fuerza de seguridad que deviene de la dictadura y que ha permanecido inalterada porque no se ha realizado una reforma de la fuerza y esa es una deuda que tiene la democracia”.

Con respecto a la negativa de la justicia de cambiar la carátula a desaparición forzada de personas opinó: “Es vergonzoso que sigan averiguando el paradero de Luciano esto solo da cuenta de la morosidad judicial y del aporte que hace la justicia a la profundización de los circuitos de impunidad en la provincia de Buenos Aires, porque si hay una policía que violenta los derechos humanos, hay una justicia que mira para otro lado y que no juzga a policías”.

En este sentido acompañó la denuncia acerca de que “existe una policía que ejerce un control territorial vinculado con las redes delictivas, una policía que persigue selectivamente a los jóvenes, pobres, morochos y alimenta la corrupción, libera zonas para que los jóvenes roben. Hay un pacto entre el Gobierno Provincial y la policía que tiene que ver con mantener tranquilo el delito, no generar grandes problemas y lo que hace es delegar las políticas de seguridad en la propia policía, habilitar el autogobierno de la fuerza, y es grave y con consecuencias impredecibles”.

 

Todos por Luciano

 

El 28 de enero se llevará a cabo una nueva jornada cultural en defensa de los derechos humanos, la misma se realizará en la Av. San Martín y Moscón en Lomas del Mirador.

Ese mismo día se realizará la inauguración oficial del Espacio para la Memoria Luciano Arruga.

“La idea es que todas las familias sientan que tienen lugares donde ir a reclamar por sus derechos, lamentablemente en el caso de Luciano no fue así, yo tuve que golpear muchísimas puertas, es difícil buscar a una persona que fue desaparecida por la fuerza”, expresó Orieta.

“Luciano es el ejemplo de tantos casos que suceden en la Argentina, desaparecidos hay muchos, familias que tengan la posibilidad de salir a la luchar no, porque la mayoría de los jóvenes que mueren a manos de la represión institucional son pobres y cuesta en este maldito sistema poder llegar a hacer efectiva una denuncia, todo cuesta tiempo, cuesta vida, cuesta dinero”, insistió Orieta.

 

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