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Todo comenzó luego de que la dueña de un geriátrico denunciara un pedido de coimas para que no le clausuren el lugar. Un recorrido por otros centros de ancianos no sólo mostró irregularidades, sino que develó un mismo mecanismo de presión. El intendente Fernando Espinoza y el titular de la Oficina Anticorrupción estaban enterados del tema. Además, hay una denuncia penal.

Por Claudio Kappeler

ckappeler@periodicosic.com.ar

 

 

Prevenir es una de las principales tareas de un Gobierno Municipal. Evitar que ocurra Cromañón, que funcione Tribilín, o que vuele por los aires una fábrica en Virrey del Pino llevándose consigo varias vidas. Prevenir es controlar sin excusas porque, si el distrito es muy extenso y la gestión no da a basto, entonces, eso quiere decir que el distrito le queda grande a la gestión.

Ese prevenir para no lamentar no distingue de sexos, ideologías, ni edades. En la última etapa de la vida, cuando la relación con la muerte comienza a ser menos odiosa, también es preciso agudizar los mecanismos de prevención.

¿Están controlados todos los geriátricos de La Matanza? ¿Se realiza un seguimiento del funcionamiento de cada uno? ¿Puede cada familia confiar en que su padre o abuelo estará en buenas manos? La respuesta es escueta y drástica: NO.

 

Capítulo I: El sobre invisible

 

Elia Viola es administradora del Geriátrico “San Cayetano”, situado en Eizaguirre 986 de San Justo. El 2 de noviembre del año último, seis inspectores clausuraron el lugar por ejercer la actividad sin la correspondiente habilitación, hasta ahí una decisión acertada de los empleados municipales.

Empero, la historia había empezado tiempo atrás. Días antes de la clausura, Elia Viola se acercó hasta las oficinas que el Municipio posee en el tercer piso de Irigoyen 2562. La mujer quería que alguien escuchara su historia, quería contar que la inspectora Adriana Noemí Vallades venía realizando llamativas y “reiteradas visitas” al lugar “sin intención alguna de controlar y/o supervisar la documentación y/o el funcionamiento integral del geriátrico”.

La administradora de San Cayetano explicó que Vallades, en sus reiteradas visitas, “se negó a controlar libros y documentación”, como así también a “recorrer el lugar”. Parecía estar interesada sólo en hablar con los dueños. Fueron tres meses de visitas reiteradas, explicaría Viola después.

Fueron varios los intentos de la mujer por hablar con alguna autoridad municipal. Hasta que “el jefe general de inspectores”, así lo identificó, la invitó a solucionar su problema con la propia Vallades. Fue allí cuando la inspectora le pidió continuar la charla en el restaurante Tokio, de Arieta e Irigoyen, donde le habría realizado la incómoda pregunta: “¿Cómo arreglamos esto?”. La idea de la inspectora era llegar a “un arreglo de 15 mil pesos” y para eso también se habría hecho presente el inspector Marcos Antonio Mansilla (Legajo N° 20.530).

Días después, la administradora del geriátrico volvió a las oficinas de Control Comunal y fue atendida por Vallades. La inspectora la deriva al despacho del “jefe general de inspectores”, así lo identificó, pero el secretario le sugirió solucionar su problema con la propia Vallades. Ese día se generó una fuerte discusión con Vallades en medio de su negativa a abonar el dinero supuestamente solicitado. La siguiente medida fue la clausura (“Datos curiosos…”).

Un minucioso detalle de cada situación fue relatado por Elia Viola en tres oportunidades: una carta para el intendente Fernando Espinoza, donde se pidió un sumario para Vallades, una denuncia penal contra la inspectora, y una presentación en la Oficina Anticorrupción de La Matanza a cargo de Miguel Ángel Bruno. En ninguno de los casos hubo respuesta. Hace ya tres meses que todas las partes están enteradas.

 

Capítulo II: Visitas guiadas

 

En los días en que Elia estaba siendo “presionada” por la inspectora, el nombre de Adriana Vallades se hacía cada vez más común a sus oídos. Es que le habían comentado que en otros geriátricos también existían tales presiones.

Un recorrido por varias localidades mostraría con precisión las irregularidades de cada lugar.

Geriátrico “Las Mugrientas” -no tiene nombre y así lo llaman en la zona-, Coronel Brandsen 3685, San Justo. A simple vista es una casa más en la cuadra; el frente está retirado de la línea municipal varios metros y la propiedad tiene dos plantas. La puerta abierta deja ver que adentro hay abuelos. No tiene una chapa o letrero que especifique la actividad que desarrolla y, menos, el nombre de sus propietarios (Art. 8°, Ordenanza Nº 7.368). La mayoría de los vecinos conoce al lugar como “Las Mugrientas”, aunque otros -los menos- lo denominan “Las Gordas”.

La dueña no está. Es la hija quien atiende la puerta. Se la observa sin la ropa adecuada de trabajo y con aspecto desalineado (Art. 13°, Ordenanza Nº 7.368).

 

-¿Tuviste problemas con una inspectora? – pregunta Elia.

 

-Yo estoy pagando en la AFIP y todo, -responde y advierte-: Cada tanto pasan.

 

-¿Y ahora te dejan trabajar? -pregunta Elia.

 

-Pero yo tengo cuatro (ancianos) nada más. (NdeR: Los vecinos estiman que hay 10 abuelos).

 

-¿Ellos (Municipio) te dijeron que más de cuatro no podés tener? -pregunta Elia.

 

-No, no. No quiero más porque no quiero, porque no… estoy sola. O sea, no es un geriátrico -se excusa la mujer.

 

La mujer presenta el lugar como “una pensión”, y reitera que no tiene un geriátrico. “Para geriátrico tenés que tener más de siete (abuelos)”, asegura.

Pero mintió. La definición de geriátrico es todo local donde se presta servicio de hospedaje prolongado, comidas básicamente equilibradas, calóricamente suficientes, a la vez que una efectiva y periódica vigilancia médica, con una capacidad mínima de 5 y máxima de 50 personas ancianas de uno o ambos sexos (Art. 1°, Ordenanza Nº 7.368),  según establece la normativa municipal.

-¿Y se puede tener una pensión de cuatro abuelos? – preguntamos.

 

-Lo que pasa es que es como una pensión, no es un geriátrico, no tengo empleados, no tengo nadie que… no tengo que presentar recibo de sueldo, nada. Yo trabajo yo nada más, no tengo empleados. Si vos tenés empleados y todo eso, te jode… mal. Eso te jode” – explica.

 

-¿Así que con cuatro podés trabajar?” – insiste Elia.

 

-No sé si con cuatro… yo lo tengo como una casa de familia que cuido cuatro abuelos, no tengo empleados ni nada. Lo que pasa que a vos te mata que tenés empleados”.

 

La mujer pasó de decir que era una pensión a afirmar que se trata de una casa de familia donde se cuidan abuelos. Un hombre llega al geriátrico para visitar a una abuela que conoce. Pero no lo dejan pasar y le indican que el horario de visita es de 17 a 19 (NdeR: Los ciudadanos mayores alojados en establecimientos geriátricos tienen el derecho a recibir visitas siendo la única restricción de las mismas, en el horario de descanso según la Ley 14.263).

Pero el hombre volvió al día siguiente y pudo ingresar. Al salir, su testimonio confirma toda sospecha: “Es algo totalmente trucho, ni siquiera tenés un cartel que indique qué es lo que sucede ahí. Pero todos en el barrio lo conocen (como Las Mugrientas o Las Gordas). Lamentablemente, la gente deposita allí a sus familiares. Algunas personas se ponen a cuidar mayores en sus casas como una fuente de trabajo pero sin los requisitos básicos y eso pone en riesgo la salud de los abuelos”.

“Las Mugrientas” no es una pensión, ya que su funcionamiento no se ajusta a las condiciones previstas para hoteles cuyo número de habitaciones no excedan las diez y donde la comida se sirve exclusivamente a los huéspedes (Art. 45°, Ordenanza 2.805/61). Además, se considera establecimiento geriátrico a toda institución de gestión pública o privada que tenga por finalidad brindar alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, atención médica y en general toda acción que haga al bienestar físico y psíquico de las personas adultas mayores desde los 65 años de edad, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación (Ley 14.263).

Después de la clausura de “San Cayetano”, Elia fue en busca de la titular del Geriátrico “Mi Casa” (Coronel Olleros 923, de La Tablada). La inspectora Valladés le había dicho que ese lugar y “Las Mugrientas” habían sido clausurados al igual que el suyo. Pero “Mi Casa” estaba en pleno funcionamiento, así lo hacía saber Mary, la encargada del lugar.

 

-¿No sabes con quien arregló ella? -le pregunta Elia refiriéndose a Yésica, la titular.

-No… y ella habló con… ¿Cómo se llama?, con el muchacho este, con Carlos.

 

-¿Pero es un inspector de la Municipalidad? -preguntamos.

 

-Sí, de la Municipalidad es -asiente Mary y agrega-: Explicale un poco a él, que él me está ayudando, cuál es el problema que tuvieron acá y cuánto le dijeron a Yésica.

 

-¿De qué hablas vos, de plata?

 

-Claro -le contesta Elia.

 

Mary reconoce a Adriana Vallades como “la rubia elegante” que había visitado el lugar hacía poco menos de cuatro meses atrás. “Yo no sé como habrán arreglado”, dice la mujer con respecto a las negociaciones de la dueña de “Mi Casa” y la inspectora visitante. Aunque minutos más tarde coincide en que también le habrían pedido 15 mil pesos.

La encargada del lugar vuelve a recomendar hablar con un tal Carlos. Entonces volvimos al geriátrico dos días después buscando a Yésica. La puerta estaba abierta y un abuelo en silla de ruedas intentaba bajar el escalón de la entrada (todo establecimiento destinado a la atención de pacientes debe tener un acceso para minusválidos según el Artículo 12º, Decreto 3280/90). El anciano bajó el escalón por sus medios y partió con rumbo hacia la esquina. Del lugar sale Mary y le preguntamos hacia dónde iba el abuelo: “Se va al bar, después vuelve”, responde.

En la tercera visita con el objetivo de encontrar a Yésica, sorprende la venta ambulante en la puerta de “Mi Casa”. Una mesa que exhibía toallas, medias y repasadores era atendida por un par de abuelos en silla de ruedas.

Hubo un cuarto encuentro, esta vez en el trabajo de Elia. Pero habría más sorpresas. “A vos ya no te quieren habilitar más, yo ya estuve averiguando. A vos no te quieren habilitar  porque hiciste algo que no deberías haber hecho”, dice ese día un hombre que se presenta como la pareja de la dueña de “Mi Casa”.

Elia Viola le pregunta a Yésica cuánto dinero le había pedido Adriana Valladés y la respuesta es contundente: “Quince”, dice y explica que no le pagó. “Por eso saltó la bronca conmigo”, detalla.

“A mi mamá le sacaron 16 mil -rememora-, te estoy hablando de seis años atrás, cinco años atrás. Con mi mamá pasó lo mismo que te está pasando a vos. Se ensañaron porque mamá fue allá arriba y les dijo que les iba a poner una bomba”.

La conversación entre Elia y Yésica tira dato tras dato. Da cifras, nombres, lugares que, irremediablemente, son siempre los mismos.

 

Capítulo III: Todo sigue igual

 

Un año y medio atrás, un informe televisivo había hablado de la Residencia Geriátrica Del Sol (ahora “El Caminante”), en Malabia 5258, de Isidro Casanova. La periodista aseguraba que el lugar no cumplía con las mínimas condiciones de seguridad y relataba cómo se habían burlado de la clausura.

Es difícil ubicar a la residencia geriátrica. La dirección corresponde a un lugar que parece abandonado y no tiene en el frente del edificio y en lugar visible un letrero que especifique la actividad que desarrolla.

El boca a boca nos llevó a tocar timbre en lo que parece un hospital abandonado. Nos recibe Julio, se presenta como el encargado del lugar y nos invita a pasar. Ese día solo tenía una habitación disponible para ofrecernos. Era pequeña, tenía una ventana con vista a la calle y sin cortina, con dos camas simples -una ocupada por una abuela- y con un baño contiguo al que le faltaba el asiento/tapa de inodoro y la tapa de botón para depósito de agua, además de presentar un nulo aseo.

Al recorrer las instalaciones, nuestra marcha tropieza con la rejilla de desagüe del piso rota pero Julio anuncia su reposición. Advertimos banquetas en los pasillos con el tapizado roto y la instalación eléctrica con cables expuestos entre las irregularidades a simple vista. También faltaban las cortinas en las habitaciones. Nada parecía cumplir la normativa correspondiente ya que en el lugar, los muebles, colchones, ropa de cama, vajilla y demás deben estar en perfectas condiciones de higiene y conservación como así también artefactos sanitarios (Artículo 14, Ordenanza Nº 7.368). Además, una estufa a gas amurada a la pared del comedor estaba provista de una manguera al alcance de los residentes (Art. 87°, Decreto Nº Decreto 3280/90).

El único lugar al que no tuvimos acceso fue la planta alta, ya que estaba llamativamente cerrado el paso en el inicio de la escalera. “Arriba están los discapacitados”, dice Julio, ante nuestra curiosidad. ¿No es más difícil para bajarlos?, le preguntamos y la respuesta es grave: “No, porque ya quedan arriba”.

“Tengo 30 abuelos y tengo pa´ poner más”, detalla Julio afirmando contar con un total de 60 habitaciones. Al igual que en aquel informe televisivo, el geriátrico continua mostrando irregularidades.

En la calle Perú al 1020, de San Justo, se encuentra el Hogar para adultos “San Rafael”. Hasta allí llegamos con la idea de alojar a una abuela. El lugar no tenía identificación y una mujer con uniforme hace de guía en la recorrida por su interior. Se trata de una casa adaptada para tal rubro.

Si bien la Subsecretaría de Control Sanitario del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aconseja tener en cuenta, en la elección de un establecimiento geriátrico, el anuncio identificando la actividad en el frente del establecimiento, fotocopia de habilitación a la vista, timbre y mesa de luz en las habitaciones, nada de eso se ve. Tampoco el mosaico de menú en la cocina y las camas no tenían la altura mínima 30 cm. hasta la apoyadura del colchón (Art. 76°, Decreto 3.280).Hay señales de que comenzamos mal.

En “San Rafael” no se encuentra la dueña, pero llama por teléfono y se produce una charla. Aquí se da una nueva sorpresa, un nuevo eslabón roto en esta cadena de irregularidades, supuestos amparos económicos y pedidos de comisiones: la mujer, además de ser propietaria del geriátrico, trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social en la Región Municipal Descentralizada Noroeste I de Ramos Mejía.

 

-¿Está habilitado el lugar? -se le pregunta a la empleada.

 

-Eso lo tenés que hablar con la señora (Silvia), nosotros no te podemos decir eso – aclara la mujer.

 

-Escuchame, ¿Hay enfermera? -pregunta Elia a la otra empleada.

 

-Eee… tenemos un doctor cada… una vez por semana -contesta.

 

“Este es el patio, que hay un quilombo pero bue…”, dice la empleada mientras recorremos el lugar. No hay llamadores individuales, ni detectores de humo. Tampoco se ve la luz de emergencia. Hicimos la visita en octubre y no tenía habilitación municipal. Luego del informe televisivo sobre “Mi Casa”, en diciembre, el geriátrico fue inspeccionado y clausurado, pero volvimos a los pocos días y continuaba trabajando. Finalmente, el 31 de enero de este año, ingresó bajo el N° 1.423/13 el expediente de habilitación.

 

Capítulo IV: Volviendo al principio

 

En Ciudad Evita se encuentra la Residencia Geriátrica “La Prosperidad” (Circunscripción 5, Sección 1, Manzana 16, Casa 33). Olga y Luz son suegra y nuera respectivamente, además de las dueñas del lugar.

En este caso atiende Luz y aclara que su  suegra se encuentra “en el otro hogar” que “también es de Ciudad Evita” y “tiene el mismo nombre”. Se refiere al situado en Circunscripción 4, Sección 4, Manzana 3, Casa 3.

La mujer reconoce que “La Prosperidad” también fue clausurado. Sin embargo, en el lugar no hay ninguna faja y el Geriátrico funciona como si nada hubiese ocurrido.

Elia Viola empieza a relatar su historia y menciona a la inspectora Adriana Valladés.

“Esta mujer me tiene loca, 15 mil pesos me pidió”, recuerda. Luz reconoce que algo de eso también hubo en “La Prosperidad”: “Bueno, nosotros anterior a esto, ya habíamos entregado plata”, dice.

 

-¿Cuánto entregaron ustedes? -pregunta Elia.

 

-También… 15 mil pesos -responde Luz.

 

-¿Y siempre con Adriana Vallades? – preguntamos.

 

-No, no sé cuál es el nombre -responde Luz.

 

-Es una rubia que viene -le decimos.

 

A ella. No, la primera vez que vino es ella, pero después vinieron otros

-aclara y agrega-: Acá nos están volviendo locas.

 

Luz se distiende y empieza a dar detalles de operativos municipales al menos llamativos. “Acá cuando vinieron, nos hicieron multas por un montón de cosas que acá había. Dijeron que no teníamos matafuegos y matafuegos teníamos. Las barandas, que las barandas las teníamos nos pusieron que no teníamos baranda, matafuego, eee… oxígeno… y todas esas cosas las teníamos. Lo que pasa que justo acá no estábamos nosotros, entonces los tuvieron que dejar pasar y ellos anotaron”, recuerda.

 

-Pero mintieron entonces, -insistimos.

 

-Sí -responde Luz.

 

-¿Y lo pudieron demostrar? -preguntamos.

 

-Y sí, ahora llevamos todas las cosas (el descargo a la Dirección de Faltas). Presentamos las cosas como que sí las teníamos. O sea las cargas del matafuego, los papeles del oxígeno…

 

-¿Y por qué pagaron entonces? -pregunta Elia.

 

-Pero eso fue antes, eso fue hace como dos años y ahora volvieron de nuevo. Esos 15 mil pesos creo que los pagamos cuando vino esa chica rubia que cayó con otro más -responde Luz.

 

-A mí me dijo (Vallades) que pagaba 15 mil y por seis meses no me iban a molestar -le comenta Elia.

 

-No, a nosotros nos dijeron que no nos iban a joder más y al mes cayeron y clausuraron -responde Luz.

 

Cuando llegamos al otro hogar, Olga tampoco estaba, nos atiende la hermana. “Ella ya tiene los trámites hechos, se está tramitando”, pero se contradice al responder sobre la habilitación de los geriátricos pero en realidad el expediente espera resolución en el HCD local. “Ella está iniciando los trámites, le iniciaron por este (geriátrico) solo y el otro no se lo ingresaron. Por eso es que van a joder al otro”, argumenta sobre las inspecciones.

 

-¿Acá lo tiene bien? -preguntamos.

 

-Acá está bien… en realidad ella hizo por los dos… el trámite, pero la mina que le hizo los papeles hizo por este solo y el otro no. Se lo hizo mal, ¿entendés? -responde.

 

Nos quedamos con relato de Luz. “Eso fue antes”, dice. Habla de dos años antes y relata los hechos como algo habitual, una práctica común para cualquiera que intente tener un lugar de estas características. Y si en las últimas décadas nada parece haber cambiado, por qué pensar que cambiarán tras una denuncia penal, o luego de que el Intendente recibiera una extensa carta en la que se daban detalles de la situación, o después de que el titular de la Oficina Anticorrupción -amigo del Intendente- se hiciera también de la denuncia para, hasta hoy, no hacer nada.

 

 

La basura… ¿dónde tiene que estar?

 

En Ramos Mejía, al 133 de la calle La Prida, se encuentra la Residencia “Los Robles”. Pasadas las 3 de la madrugada, a metros de la cabina de vigilancia situada en la intersección de las calles Belgrano y La Prida, un vecino simula ser el cuidador de la cuadra y leyendo el diario espera -cámara en mano- que llegue el camión recolector de residuos de Martín y Martín.

En la esquina, previamente, un joven caminando había dejado una montaña de bolsas que había retirado de los cestos y veredas del barrio. Tal como había sido relatado por algunos frentistas, el camión compactador circula en contramano por Avenida Rivadavia e ingresa del mismo modo, por la calle La Prida hasta detenerse en la intersección con la calle Belgrano, esquina donde las docenas de bolsas de residuos apiladas esperan.

Un recolector conversa por el portero de La Prida 133 y se abre el portón. Inmediatamente ingresan los recolectores y retiran -en varios viajes- bolsas de consorcio bien pesadas. Llamativamente, al menos una de las bolsas regresa vacía al geriátrico de la mano de uno de los recolectores. El hecho abre la sospecha sobre el tratamiento de los residuos patógenos en el lugar. “Che, hay que pedirle la plata”, grita uno de los trabajadores de Martín y Martín.

En una breve conversación entre el falso hombre de vigilancia y uno de los recolectores, el trabajador de Martín y Martín reconoce que el lugar es un geriátrico. ¿Y por qué entran?, pregunta el vecino. “No preguntes, ¿qué onda vos?”, aconseja y pregunta a la vez el recolector.

La Ley 11.347 de residuos patogénicos reglamenta la generación, manipuleo, transporte, tratamiento y disposición final ambientalmente sustentable de ese tipo de residuos.

Entre sus artículos indica que todo generador de residuos patogénicos deberá asegurar el adecuado tratamiento, transporte y disposición final de tales residuos, ya sea que lo haga por sí o por terceros.

 

 

Las denuncias llegaron

a América Noticias

 

En un informe televisivo presentado como Las Pastillas del Abuelo, la denuncia ponía bajo sospecha a “Mi Casa”. “Los jóvenes del barrio visitan asiduamente el lugar y no precisamente para saludar a los abuelos”, anunciaba.

Según Isabel Contreras, exempleada del geriátrico, la medicamentación de los abuelos “es vendida a los jóvenes del barrio. Yo lo he visto, Alplax, Lexotanil, Roinol… (sic)”. Cuenta que se fue porque “venden droga, entran y salen hombres a todo momento y se ven varias cosas”. Con una cámara oculta, el canal llegó a La Tablada. La palabra clave para comprar las pastillas sería “de parte del Gordo”

 

-¿Vos estás toda la noche, así que me conseguís?

 

-Sí, sí.

 

-¿Vos me conseguís a la noche?

 

-Bueno pasá… pero me fijo.

 

La contradicción. En un principio, Mary negó vender pastillas al periodista pero cuando después le pregunta: ¿Qué es lo que la gente del barrio viene a pedir aquí? ¿Qué tipo de pastillas le piden? Mary responde: “No sé, Clonazepam puede ser, que es… Clonazepam es el Rebrotil pero después…” (sic).

Mary declaró en cámara que el geriátrico tiene 20 abuelos. Ante sus palabras debería contar (hasta 20 camas habilitadas) con tres auxiliares de enfermería y tres mucamas. Cuando el periodista pide ver dónde están los medicamentos, Mary se dirige hasta un mueble, abre el cajón sin llave y muestra los medicamentos.