ANOARIO 2013: LAS LLEVÓ A CABO EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE

A casi cinco años de la desaparición de Luciano, se realizaron excavaciones para saber qué pasó

diciembre 12, 2013


El 31 de enero se cumplirá un nuevo año sin saber qué pasó con el adolescente matancero de 16 años, que fue visto por última vez en el exdestacamento de Lomas del Mirador, inaugurado en el 2007 debido a un pedido de más seguridad de los vecinos y trasladado en diciembre del 2011, por el intendente Fernando Espinoza, ante las pruebas irrefutables de la causa que apuntan a que un grupo de policías de esa dependencia detuvo de manera ilegal a Luciano, lo torturó y luego lo desapareció.

La familia del adolescente padece desde hace cinco años la desesperanza, promesas incumplidas y discursos preparados, aprendió desde el primer momento a defender con coraje la causa de Luciano y a luchar incansablemente por el derecho a saber, qué pasó y dónde está Luciano.

Con el correr de los meses y debido a la inclaudicable fortaleza de la madre y hermana de Arruga, el caso se convirtió en bandera de lucha contra la violencia institucional y en símbolo de lo que la mala policía puede hacer con los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este caso develó la convivencia entre el poder político, judicial y policial. Logró poner en evidencia que en democracia también se puede desaparecer.

Este año existieron varias novedades respecto al caso, todos resultados de la actividad de la familia y la insistencia de no dejar caer la causa. En el mes de enero y a poco de cumplirse cuatro años de la desaparición de Luciano, la familia exigió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que inicie el proceso de juicio político correspondiente para la destitución de quien fuera la primera fiscal designada para investigar el caso, Roxana Castelli, por haber incurrido en serias irregularidades durante su desempeño.

En el mismo mes el Juez de Garantías, Gustavo Banco resolvió que luego de cuatro años, se deje de buscar al adolescente como si estuviera perdido ya que la carátula era “Averiguación de Paradero” y se tomó la decisión tardía de federalizar la causa para que sea investigada como “Desaparición Forzada de Persona”.

En el mes de febrero de este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad Bonaerense, anunció, en el Boletín Oficial el pase a disponibilidad de los ocho policías investigados por la desaparición del adolescente.

Siete meses después un nuevo dato surgió en el caso, la familia de Luciano Arruga pidió el jury de enjuiciamiento de la fiscal y el juez que actuaron en la causa, al determinarse que durante un año y cuatro meses intervinieron el teléfono de la madre y la hermana de la víctima.

Se denunció ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios a la fiscal Celia Cejas y al juez de Garantías Gustavo Banco, por “pinchaduras telefónicas” a la familia del adolescente, las mismas se extendieron desde abril del 2009 hasta agosto de 2010, mientras en simultáneo se investigaba a policías como sospechosos. Esta situación se conoció a partir de que la causa pasó en febrero a la Justicia Federal.

“Se han metido en nuestra intimidad, investigaron nuestros teléfonos como el de los policías. Nos criminalizaron por nuestra situación de clase, por venir de un barrio pobre”, sostuvo Vanesa con la voz entrecortada.

Es de recordar que la primera fiscal del caso, Roxana Castelli, después de pasar 45 días sin atender su denuncia, le tomó declaración a un testigo que dijo que vio a Luciano en el destacamento policial de Lomas del Mirador muy golpeado, por lo que la Justicia estaba al tanto de que podía haber sido víctima de policías.

El 17 de octubre la familia comenzó la campaña “Por el Derecho a Saber”, que consiste en una vigilia que busca la acción del poder político y judicial. Exigen avances en la investigación y el pase definitivo de las instalaciones del exdestacamento a manos de la familia para convertirlo en un espacio para la memoria.

Un mes después de iniciada la vigilia, se acercó el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda, al acampe y se comprometió a “articular todas las políticas que sean necesarias para que la causa avance” y respecto al pedido de convertir el espacio en un sitio de memoria, señaló: “Hemos conversado respecto a la futura formulación de un comodato a los fines de que este lugar se convierta en un sitio de memoria para el barrio”.

El 19 de noviembre, finalmente, comenzó la investigación antropológica en el predio, donde desapareció Luciano Arruga. Los peritajes tienen como finalidad agotar las posibilidades de localización en el lugar de restos óseos humanos o de otros elementos de utilidad para la causa que está a manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, Secretaría Nro. 3.

“Siempre recordamos que en este lugar se hicieron peritajes con perros al comienzo de la causa que dieron resultados positivos. Los perros reaccionaron en este destacamento, en un patrullero y en un descampado muy cercano. Además, se encontró sangre con la prueba de luminol, pero justamente al dilatarse tanto esta investigación es que no se pudiera comprobar a quién pertenecía”, recordó Vanesa Orieta en declaraciones a los medios.

Orieta resumió que “es inhumano” mantener a una familia por más de cuatro años “en este estado de incertidumbre, cuando se podía hacer un peritaje muchísimo más rápido”.

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