DELITOS DE LESA HUMANIDAD

“Este gobierno tuvo implicancia directa en la postergación de juicios”

noviembre 21, 2019

Así lo asegura Juan Gabriel Iriarte, querellante en la causa que juzga los crímenes y torturas cometidos en la Brigada de San Justo durante la última dictadura militar. Se esperaba que a mitad de este año se dictara sentencia, pero el proceso aún continúa.

El lunes 13 de agosto de 2018 se inició en el Tribunal Oral Federal N.° 1 de La Plata el juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Brigada de San Justo, entre marzo de 1976 y agosto de 1978. Si bien se esperaba que la sentencia se dictamine a mediados de este año, el proceso aún continúa.

“La realidad es que tenemos una audiencia por semana y es muy poco para la magnitud del proceso”, explicó Juan Gabriel Iriarte, querellante en la causa que involucra a 21 represores, entre ellos, al por entonces Director General de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz.

En tanto este proceso judicial incluye 84 de estos casos, de los cuales 31 corresponden a personas detenidas-desaparecidas. Según la investigación del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), que integran la mayoría de los querellantes en la causa, en el Centro Clandestino de Detención (CCD), se alojaron a más de 100 personas.

La decisión del Tribunal podría darse a conocer a principios de diciembre, mientras un segundo juicio por otros casos de delitos lesa humanidad en el mismo CCD, ubicado en la calle Salta 2450, se encuentra en la etapa de instrucción.

Para Iriarte, las claras muestras de negacionismo del Terrorismo de Estado del gobierno de Mauricio Macri han significado un retroceso en las políticas de derechos humanos y por consiguiente “han tenido efecto en los procesos judiciales”.

En este sentido, el querellante en la causa señaló: “Si bien creemos que los procesos judiciales son imparables, si pueden postergarlos y hacer que las sentencias sean mínimas. Esto claramente existe y se ha torcido el rumbo en ese sentido”.

La cantidad de excusas e imposibilidades para generar los tribunales para un juicio de lesa humanidad por parte del Consejo de la Magistratura, son otra muestra de ello. De hecho, la elevación a juicio de esta causa sucedió 2015 mientras que el proceso comenzó en 2018.

“Fueron 3 años para que se comience a juzgar hechos que ocurrieron hace 40 años. Claramente hay incidencia política en ello. Este gobierno, que se está yendo, tuvo implicancia directa en la postergación de los juicios”, aseguró Iriarte.

Los juicios por los crímenes y torturas ocurridas en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, conocida como El Infierno, son los juicios pendientes por los que luchan los organismos de Derechos Humanos y que aún son una deuda pendiente.

“Esperamos a partir de este juicio se los condene a la máxima pena, cárcel común y efectiva para todos los genocidas imputados en la causa”, manifestó Iriarte, sobrino de Jorge Iriarte, militante gremial Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y trabajador del hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, que fue secuestrado de su casa de Morón el 25 de agosto de 1977 y detenido ilegalmente en la Brigada de San Justo. Aún hoy continúa desaparecido.

Un lugar para la memoria

El edificio que supo ser un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar es en la actualidad la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza. Según las investigaciones, la Brigada era “un lugar de registro”, primer alojamiento de las victimas de secuestro y tortura que luego eran movidas a otros centros clandestinos de detención o asesinadas durante los traslados.
La Brigada de San Justo formó parte del denominado “Circuito Camps”, que integraba más de treinta centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense y dependía de la Jefatura de Policía y del Primer Cuerpo de Ejército.

En el marco del proceso judicial, las víctimas y testigos participaron de una inspección ocular en la actual DDI, pudiendo identificar el lugar y describir las condiciones en las que fueron retenidos y torturados durante varios días.

También pudieron reconocer parte de la infraestructura del lugar a pesar de que la misma ha sido modificada con el transcurso de los años. Los sobrevivientes lograron señalar con claridad el portón por el que ingresaban los vehículos que llevaban a los secuestrados, la sala de torturas que contaba con una camilla y la zona en la que se encontraban los “buzones” (pequeñas celdas).

En la parte superior de los calabozos señalaron el área en las que se encontraban las oficinas. Allí se realizaban algunos interrogatorios a las personas secuestradas antes de trasladarlas o liberarlas.
Desde el año 2015 los organismos de Derechos Humanos solicitan su desafectación y que el lugar se convierta en un espacio dedicado a la memoria, pero luego de tres años no han obtenido respuesta alguna por parte de los funcionarios.

Formalmente, las solicitudes se realizaron ante la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, a través de la Comisión Provincial por la Memoria.

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