La Comisión Provincial por la Memoria denunció que 20 reclusas sufrieron agresiones sexuales, torturas, vejaciones y humillaciones de todo tipo por parte de los efectivos policiales. Además, eran sometidas a aislamientos extremos, no tenían acceso a atención médica y recibían raciones mínimas de alimentos.
Unas 20 mujeres que permanecían presas en la Comisaría Distrital Noreste 3.ª La Tablada fueron víctima de abuso sexual, torturas, requisas vejatorias y diversas formas de humillaciones perpetradas por efectivos hombres y mujeres del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), fuerza que ejerce como cuerpo de requisas en el ámbito policial.
La denuncia fue presentada por la Comisión por la Memoria (CPM) y la Defensoría de Casación Provincial y en la misma se da cuenta de los aberrantes hechos que tuvieron lugar los días 19 de diciembre de 2019 y 5 de enero de 2020.
“Las mujeres detenidas denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales. A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo”, detallaron desde la CPM.
“Lo que ocurrió es tremendo y son los vestigios que ha dejado Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación hasta diciembre de 2019)”, dijo Viviana Caminos, referente matancera de la lucha contra la trata de personas y por los derechos de la mujer.
Para Caminos, en la “lógica Bullrich”, existe la creencia de que los efectivos policiales “pueden hacer cualquier cosa” y esa cualidad fue avalada desde las políticas del Ministerio de Seguridad, aún en casos en los que se cometieron excesos.
Además, quien fue directora del programa Rescate de víctimas de Trata de la provincia de Buenos Aires hasta 2015, remarcó que en dichas prácticas “hay un grado de perversión terrible” ya que a los ataques le suma el goce de quienes ejercen el abuso de poder.
A pesar de los 37 años ininterrumpidos de democracia, los mecanismos de tortura utilizados durante la dictadura militar siguen vigentes. En este sentido, Beatriz Capdevilla, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) manifestó que “esas prácticas nunca se fueron de las fuerzas de seguridad porque la formación sigue siendo la misma”.
“Es verticalista y se basa en el sometimiento de una persona sobre otra por el hecho de tener un arma y un uniforme. Se necesita un trabajo continuo y articulado con profesionales de la sociedad civil para revertir esta situación”, detalló.
De la denuncia realizada por la CPM se desprende que los efectivos del GAD participaban que las agresiones “golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas”.
Una vez ocurridos los abusos, las reclusas fueron confinadas al aislamiento, restringiendo el contacto con familiares con el objetivo de impedir que relataran lo que habían sufrido.
“Se les prohibió todo tipo de acceso a medios de comunicación: televisión, radio e incluso relojes por lo que estaban desorientadas y trataban de calcular el momento del día según la luz del sol y solamente se podían comunicar con sus familiares y amigos a través de cartas”, dice el escrito.
Abusos recurrentes
“No debe ser el único caso, hemos visto en los últimos años como los abusos de las fuerzas de seguridad hacia el personal civil se han incrementado y una mujer detenida suele estar en un situación de vulnerabilidad mayor”, advirtió Viviana Caminos.
En la comisaría de La Tablada las golpizas “eran recurrentes” así como las amenazas y humillaciones por cuestiones de género. “Dichas situaciones provocaron en las detenidas cuadros depresivos y de angustia”, informaron desde la Comisión Provincial de la Memoria.
Por los hechos denunciados, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ordenó la intervención de la comisaría de La Tablada y la clausura de los calabozos en lo que ocurrieron los hechos.
El caso fue expuesto ante el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual y ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Cabe destacar que la dependencia policial ya estaba bajo la mira de Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por las graves condiciones de detención existentes en el lugar.
En este sentido, Capdevilla hizo foco en la problemática la superpoblación de las unidades carcelarias y criticó la utilización indebida de las comisarias como lugares de alojamiento de detenidos.
“Es un lugar en el que hay abuso de poder sobre las personas que se encuentran en una situación de inferioridad”, dijo sobre los que usualmente ocurre en las comisarías no solo de La Matanza sino en las de toda la provincia de Buenos Aires.
Además, Capdevilla recordó que en el distrito hay una “larga historia” de muertes en comisarías. Algunos casos: Daniel Díaz (quién apareció ahorcado en su celda en una dependencia de González Catán), Gabriel Blanco (murió en una comisaría de Isidro Casanova) y Luciano Arruga (en cuya muerte y desaparición estuvo involucrado personal policial del Destacamento de Lomas del Mirador).