La empresa dejó de producir y despidió a 40 empleados. Adeudan sueldos, vacaciones y aguinaldos. Los trabajadores tomaron la planta para preservar sus puestos laborales y evitar el desmantelamiento de la fábrica.
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Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados bonaerenses (SADOP) presentaron la semana pasada, un proyecto de ley ‘antidespidos’ en la Legislatura provincial para que el Estado deje de subsidiar a los establecimientos educativos que echan personal de manera “arbitraria e injustificada”.
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El gremio del sector metalúrgico solicita un 20 por ciento de aumento y la condición de reunirse nuevamente a discutir, dentro de tres meses, un nuevo acuerdo, según el avance de la inflación. Ante la negativa empresarial, que sólo ofreció el 8 por ciento, ya se adelantó que irán a medidas de fuerza.

Frente a este contexto, ya se anunció que luego de que concluya la conciliación obligatoria, el 20 de este mes se realizará una nueva audiencia en la cartera laboral y se adelantó que si no hay acuerdo, comenzarán las medidas de fuerza.  La medida, es un paro de actividades de 24 horas para el próximo 22 de mayo y movilizaciones en cada regional de la UOM. “La realidad es que la cifra que ofrece el empresariado es insignificante, la UOM está buscando una posibilidad de acuerdo, ha solicitado un 20%, teniendo en cuenta el desfasaje salarial del año pasado y lo que va de estos primeros tres meses”, aclaró Hugo Merlo,  secretario general de la UOM seccional La Matanza. “Pedimos un 20 por ciento y en tres meses volver a sentarse a seguir discutiendo para revisar los números. O queremos una cláusula gatillo, pero nos manifiestan que más de eso (8 por ciento) no nos pueden dar”, criticó. Y marcó que buscan llegar a un acuerdo con un porcentaje que cubra la expectativa del año pasado, cuando perdieron casi el 10 por ciento de su capacidad adquisitiva ante los 50 puntos de inflación. A la vez que contenga el salario de este año, donde se analiza que la inflación llegará a números parecidos al 2018.  El sindicalista, alertó que dentro del rubro metalúrgico, ya se registran a nivel nacional “más de 50 mil despidos y más de 20 mil compañeros suspendidos. Y detalló que particularmente en La Matanza hubo 100 cierres de PyMEs desde el 2015 a la fecha, debido a esta política económica”. Esta situación, provoca “la caída de 1500 puestos de trabajo. La situación económica es compleja a partir del modelo económico que tiene el país, esto hace que las PyMES vayan para atrás”.  Luego especuló, que si “desde el gremio se acepta un 12 por ciento, a ese porcentaje habría que agregarle un 8 por ciento como retroactivo por lo que se perdió el año pasado. Ahí estaríamos arrancando la discusión de otra manera, y en el transcurso del año vamos viendo como arreglamos”. Finalmente, resumió que de no solucionarse esta situación en los próximos días, desde el Secretariado nacional “Ya se anunció  un paro para el 22 de mayo, creo que habría que hacerlo con una fuerte movilización, pero eso se va a discutir entre todos los secretarios gremiales”.

Con el claro objetivo de diferenciarse de la CGT, el dirigente camionero Hugo Moyano, que encabeza el Frente Sindical, y los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, anunciaron un paro general para el martes 30 de abril, medida de fuerza que no fue homologada por la CGT nacional. Desde la regional La Matanza, sostienen que son “respetuosos” de la decisión de la cúpula nacional, aunque se aclaró que los gremios nucleados dentro de la regional, tienen libertad de acción para adherirse o no a la medida de fuerza.
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