Un presente de lucha contra la violencia institucional

Cientos de voces denuncian, de la manera que pueden, que son víctimas de persecución policial, armado de causas, implantación de pruebas falsas o extorsiones para obligar a jóvenes a cometer ilícitos organizados por los propios agentes, cooptación de menores en situación de vulnerabilidad para que actúen en zonas liberadas, con el objetivo de armar sus propias cajas. Representantes de organizaciones de derechos humanos apuntan a crear un contrapoder social que devele la connivencia entre del Estado, la Justicia y las fuerzas de seguridad y permita avanzar en las investigaciones.


Por Ángela Tobar
atobar@periodicosic.com.ar

La Matanza, lamentablemente, tiene una larga lista de denuncias por violencia institucional, policías que hostigan, extorsionan, torturan, secuestran, matan y desaparecen, año tras año con total impunidad, a jóvenes que no casualmente, pertenecen a un sector social sumergido en la vulnerabilidad y cubierto de necesidad. La vista gorda del poder judicial y permiten que esta “actividad” se haga más fuerte cada año.

Según detalla el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, “debido a la asimétrica relación de poder entre los funcionarios policiales y las víctimas de estas prácticas, no resulta sencillo trazar respuesta ante los atropellos. Cuando las personas perseguidas se atreven a denunciar la persecución policial, suelen producirse represalias que generalmente se presentan bajo la forma de nuevas persecuciones, golpizas, amenazas, agilización de las causas fraguadas, o incluso riesgo de vida” y pone como ejemplo puntual el caso del adolescente matancero Luciano Arruga quien “se negó a robar para la policía” y por esa osadía fue “secuestrado, torturado y desaparecido por la policía del destacamento de Lomas del Mirador”.

El abogado Walter Brizzio, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre opinó que se está discutiendo de “manera equivocada” la situación, porque “se confunde el término delito con inseguridad, y hay que entender que el delito no es inseguridad”.

En esta línea argumentó: “Se da la construcción de inseguridad porque está circunscripta a un determinado nivel social, al pibe chorro de los barrios pobres. Hablan de inseguridad y no de delito, porque si se habla de delito, en el conjunto se debe analizar quiénes permiten que exista el delito, quiénes lucran con el delito y entonces se encuentran que están implicadas las cúpulas policiales y un poder judicial que mira para otro lado”.

Luego analizó que “hay un discurso político de la inseguridad y se utiliza un desconocimiento del cómo combatirlo. El autogobierno policial trae que las fuerzas tienen un sistema de recaudación” y deslizó que las presentaciones de los planes de más seguridad son “pura ficción”.

Además criticó que dentro de la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza existen por lo menos “400 denuncias por este delito y no investigaron ninguna”.

La fuerza de seguridad que depende de la Provincia de Buenos Aires, fue la más cuestionada por los entrevistados, en este contexto Brizzio remarcó que “si analizás a la persona que está en la cabeza notás que no tiene un delineamiento, es un sistema represivo, recaudatorio y que pacta con la corporación judicial”.

A nivel nacional, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se informa que en el 2012 se registraron, a nivel nacional, 230 casos de gatillo fácil. Cada 38 horas una persona muere por causa de esta modalidad policial. Pero, según coincidieron las personas consultadas por este medio, a ese modus operandi se le suma el agravante de “la connivencia” entre, el poder judicial, policial y político que “protegen a los policías y les permite actuar de la manera más corrupta”.

Martín, es hermano de Matías Bernhardt, un adolescente de 18 años que el 10 de febrero del 2007, fue asesinado en el barrio Santos Vega de Lomas del Mirador, a manos de un grupo de policías. Los efectivos responsables del asesinato, ese día se encontraban de civil y fuera de servicio, en la causa argumentaron que existió “un intento de robo y un tiroteo”. Sin embargo, después del período de instrucción, y en base a declaraciones y pericias que se llevaron adelante en la causa, se comprobó que “no hubo enfrentamiento armado de ningún tipo”.

A seis años, uno de los policías que participó del hecho quedó en calidad de testigo, mientras que el otro sigue en funciones. “Hay un policía implicado, el otro fue absuelto antes del juicio oral en la parte de instrucción y quedó en calidad de testigo en el juicio no como imputado”, relató Martín Bernhardt.

Al recordar la lucha que él junto a su familia debió afrontar, resaltó “nos encontramos con la connivencia plena del poder judicial, con un juicio que estigmatizaba el barrio, que perseguía a los amigos de Matías y con un fiscal con una postura pro policía”.

Matías murió de un tiro en la nuca, que recibió cuando caminaba con unos amigos, en ese momento a los chicos los cruzó “un auto que casi los atropella y atrás una camioneta con dos policías que empiezan a disparar con sus armas”.

En ese momento, los agentes de la Policía Federal se dieron a conocer y adujeron que quisieron frustrar un intento de robo. “Las pericias en la instrucción demostraron que no hubo nada de eso y tampoco un enfrentamiento porque mi hermano no tenía rastros de pólvora en las manos”, remarcó.

Con respecto al juicio, que luego de posponerse se llevó a cabo a mediados del 2012, manifestó que “fue un juicio muy particular. Tuvimos un fiscal (Alfredo Luppino de la Fiscalía de La Matanza) con claras tendencias a oficiar de abogado defensor de la policía. El no acusó en el momento en que se desarrollaba el juicio. Se mostró claramente una connivencia con parte de la justicia para que este tipo de casos queden impune”.

Consultado acerca de cómo se logra avanzar ante tantos obstáculos judiciales, expresó que “todo es por mi hermano, por la clase de persona que él era en vida. Consideramos que vamos a agotar todas las vías judiciales como para limpiar su nombre y que la persona que fue responsable del asesinato de mi hermano sea condenada, sacamos fuerza de ahí y yo particularmente de ver la entereza de mi madre y una posición de que tiene que haber justicia eso me motiva a seguir adelante y buscar que esto prospere”.

Sin embargo, aclaró que esta batalla le produce por momentos “la sensación de impotencia, bronca, son un montón de sensaciones que lo desgastan a uno día a día. Yo apostaba mucho a lo que era el juicio oral, tenía la certeza de que iba a ser condenado, hoy en día no tengo esas certezas”.

Más adelante reconoció que luego de 2.555 días de lucha “no es mi esperanza que la persona imputada vaya presa. Quiero que se responda en nombre de mi hermano, por lo que pasó, las cosas se tienen que clarificar para que quede claro que estas dos personas (los policías) mintieron y mataron a una persona inocente”.

El joven realizó una comparación con el caso de Lautaro Bugatto y aseguró que “la policía tiene un modus operandi ante estas situaciones, con el jugador Lautaro Bugatto pasó lo mismo, en primera instancia lo que salió en los medios es lo mismo que utilizaron con mi hermano que había dos personas robando y habían abatido un ladrón en un enfrentamiento armado y al ser una persona conocida se esclareció todo más rápido”.

Martín analizó que para revertir este tipo de accionar corrupto es necesario “más control del Estado. Porque esto no pasa por un policía o dos, sino por un sistema que se encarga de encubrir y permitir que estas cosas sucedan. Tiene que haber más herramientas por parte del Estado para que esto no siga sucediendo”.

El caso de Luciano Arruga, corrió el fino velo que intentaba ocultar que existe un sector de la cúpula de seguridad en el que está enquistado el delito, la corrupción y que mantiene en vigencia prácticas de tortura de la época de la dictadura.

Vanesa Orieta, hermana del adolescente, secuestrado, torturado y desaparecido por policías del exdestacamento de Lomas del Mirador, sostuvo durante la jornada cultural a cuatro años de la ausencia física de Luciano, “tenemos que cambiar como sociedad y comprender que esto no tienen que ver con mi familia, tiene que ver con todas las familias que sufren la violencia institucional en los barrios. Hay que cambiar la sintonía en la que vivimos, hay algo que estamos trabajando mal como sociedad. Tenemos que empezar a ser conscientes que en algo estamos fallando como sociedad, como organismo de derechos humanos, como organizaciones, como partido político”.

“Tenemos que empezar a ponernos en la piel del que lo está sufriendo. Cuando a uno lo meten ahí adentro (comisarías) lo torturan y esto no es algo del pasado es del presente. Hoy más que nunca las banderas en defensa por los derechos humanos tienen que estar arriba, los que sufren la violación de derechos humanos son los que no tienen voz los que están en los barrios, controlados por diferentes fuerzas de seguridad y esto también hay que empezar a hablarlo”, instó.

La denuncia que pocos registran

En octubre del 2009, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pablo Pimentel, denunció el modus operandi de algunos miembros de la policía que se adentraban a los barrios humildes y “conociendo la vida de algunos jóvenes, los incentivaban a que roben para ellos, asegurándole zonas liberadas, el aporte de armas. El argumento es que esa actividad les cambiará su forma de vida”.

Pimentel, sostiene que un sector policial apunta a jóvenes vulnerables que atraviesan problemas de marginalidad y en muchos casos se le suma el estado de adicción. Agravado por la vinculación de parte de la policía, del poder judicial y del poder político, cómplices sin los cuales sería imposible actuar.

Esta denuncia, a pesar de ser acompañada ante la justicia por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, no prosperó y se encuentra archivada en algún cajón.
El titular de la APDH, marcó que en el barrio de San Petersburgo, lindante a Villegas y Puerta de Hierro, es “un triángulo en el que algunos malos policías cooptan a jóvenes vulnerables y los hacen trabajar para ellos”.

Además criticó que muchas veces algunas causas no prosperan por la misma relación entre el fiscal y la fuerza de seguridad “los fiscales tienen una cantidad de causas que la investigan junto con la policía y no pueden enfrentarse a quienes tienen que ser sus aliados cotidianos”, y apuntó a que este sistema “es una contradicción”.

“La única manera de cambiar las cosas es armando un contrapoder social, con gente honesta que luche”, insistió y consultado acerca el trabajo realizado por la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza lamentó que “tienen muchas denuncias, desconozco cuántas, pero lo seguro es que no les dan curso sin duda, a los que le han dado curso son a las que se presentaron las organizaciones sociales”.

Algunos casos

Gastón Duffau (34), el 23 de febrero de 2008, fue a un local de comidas rápidas. Tras una serie de incidentes dentro del comercio, fue detenido por la policía de la Comisaría Segunda de Ramos Mejía. Dos horas más tarde la policía lo lleva muerto al Hospital de Haedo. La autopsia determinó que Gastón fue brutalmente golpeado hasta matarlo. Por el caso hay cinco policías imputados y una fiscal separada de su cargo.

Maximiliano Sosa (18), el 31 de enero de 2009, en Virrey del Pino, fue muerto por los golpes propiciados por tres policías de la Policía Federal, lo interceptaron cerca de su hogar, lo obligaron a tirarse al piso y le dispararon a mansalva.

Luciano Nahuel Arruga (16) fue secuestrado, torturado y desaparecido, el 31 de enero de 2009, por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Luciano debió soportar durante meses hostigamiento y persecución de los uniformados, por su negativa a robar para ellos.

Luis Bustos (39) fue asesinado en agosto de 2010, en Isidro Casanova durante un operativo en el que entraron policías a su casa y lo mataron de 9 balazos, luego los policías informaron a la familia que “fue un error”. No era el hombre acusado de homicidio que buscaban los policías bonaerenses.

Diego Lucena fue asesinado el 20 de junio de 2004, a la salida de un boliche de Isidro Casanova. Su familia siempre afirmó que los autores del crimen fueron policías.

Gabriel Blanco tenía 21 años, vivía en la barriada conocida como “La Borward”, de Isidro Casanova, la policía lo venía persiguiendo y hostigando para que robara para ellos. El 1º de marzo de 2007 lo detuvieron en la comisaría de San Carlos, su esposa lo escuchó gritar y se ofreció para calmarlo mostrándole a la hija de ambos. Los efectivos le dijeron que se vaya tranquila porque ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Gabriel fue detenido a las nueve de la noche y a las doce apareció colgado con un cable de luz en un calabozo oscuro. La policía había hecho una autopsia y los familiares pidieron otra, en la que se comprobó que Gabriel tenía golpes y la falta de dientes. Por otra parte, la policía científica hizo pruebas con los cables que, según los policías, Gabriel habría utilizado para suicidarse: se cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos, cuando este muchacho tenía un metro ochenta de altura y más de 80 kilogramos. En consecuencia, se pidió la indagatoria para tres funcionarios de la comisaría La Matanza Oeste 2ª de San Carlos, acusados por detención ilegal y tortura seguida de muerte de Gabriel Blanco.

Damián Ramírez (14) fue asesinado el 19 de diciembre de 2001, en el Barrio 22 de Enero, Ciudad Evita, durante la represión policial en los saqueos de esa fecha.

Miguel “Piki” Cardozo asesinado el 20 de mayo de 2006, en La Tablada, por el expolicía Mariano Arn, quien no dudó en dispararle un tiro con su pistola reglamentaria 9 milímetros entre la oreja y la nuca. Fue condenado a cadena perpetua. Los jueces lo encontraron responsable de “homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido cuando era policía, apremios ilegales, vejaciones agravadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Iriarte de la Colina, Walter (14). Fecha del Deceso: 02/08/93 Lugar: La Matanza. Imputado/s: Policía Bonaerense retirado Jorge «Pipo» Carrete. Situación Procesal: Condenado a 16 años de prisión. Circunstancias: El pibe jugaba en la calle pateando una botella de plástico. Al expolicía le molestó y le disparó.

Lopenzino, Loren (21). Fecha del Deceso: 10/12/96 Lugar: La Matanza. Imputado/s: Cabo de la marina Carlos Velázquez. Situación Procesal: Procesado por homicidio simple. Circunstancias: Disparó contra un ladrón de bicicletas y mató a Lorena.

Repetto, Walter (21). Fecha del Deceso: 15/01/98 Lugar: Ciudad Evita. Imputado/s: Carlos Docampo, policía bonaerense. Situación Procesal: Detenido y procesado por homicidio simple, a la espera del juicio oral. Circunstancias: Walter Repetto iba a estacionar su auto en el garaje de un amigo. El policía pensó que era un ladrón, y le disparó a quemarropa a través de la ventanilla.

Estadísticas

Desde 1996 hasta 2012, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional registró 3.773 casos de gatillo fácil. El 45 por ciento de los casos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.

El 47 por ciento de las víctimas tenían entre 15 y 25 años. El 46 por ciento fue fusilamiento por gatillo fácil. “Las permanentes campañas de `ley y orden´ al amparo del discurso de más seguridad, invisibilizan estos homicidios contra jóvenes y pobres, temas que solo trascienden cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático”, resumió el informe presentado por CORREPI.

Detrás de todos los que sufren violencia institucional

En lo referente a la impunidad con la que se mueven los efectivos que comenten delitos, amparados por un sistema que los protege, Damian Piraino autor de “Detrás de Luciano”, en un fragmento detalla: “No quedan muchas opciones frente a esto, solo la lucha para destrozar su impunidad, solo combatirlos con todas nuestras fuerzas hasta doblegarlos. Está claro que se trata de una lucha desigual, ellos son el terrorismo de Estado y nosotros víctimas de ese terrorismo”.

Inmediatamente en otro fragmento narra: “Cuando el estado te desaparece a uno de los tuyos te deja tan solo como jamás te sentiste en tu vida, pero no solamente por la ausencia del que te quitó. La soledad estratégica de la impunidad empieza un segundo después de la desaparición. Te quedás solo frente a toda la superestructura legal, económica, cultural y mediática del Estado”.

Casos Rubén y Ricardo Carballo

“La gente que no tiene recursos, no tiene las herramientas para enfrentar toda la corrupción y queda todo impune. Por otra parte, hay inocentes presos por causas armadas, es terrible”, describió Rubén Carballo quien padeció la muerte de su hijo en el 2009, cuando fue brutalmente golpeado por efectivos antes de ingresar al Estadio de Vélez Sarsfield para asistir a un recital de Viejas Locas, desde ese momento lucha contra todo tipo de violencia institucional y denuncia la connivencia entre el poder judicial, policial y político. Este año denunció que otro de sus hijos fue víctima de “una causa armada”.

Ricardo Carballo de 18 años fue detenido el 10 de enero “acusado de un delito que no cometió”, el padre denuncia que esta situación se debe a una presión por su lucha contra la corrupción por parte de las fuerzas de seguridad.

El hecho comenzó, cuando Ricardo accedió a ayudar a su amigo, Walter Grecco (26) a sacar unos escombros de la casa. Al viajar en el auto hacia la vivienda de Walter, a la altura de Indart y Venezuela “dos personas los detienen y se suben al vehículo, los secuestraron y los llevaron de un lado para otro, les sacaron los documentos y los amenazaron. Les dijeron que solo necesitaban un remis para ir a un lugar a buscar algo”, relató Rubén Carballo.
Y agregó que “los llevan por la calle Varela, amenazaron a Walter, le dijeron que había gente en su casa y si no obedecía matarían a su familia, le dan un arma y un bolso para que ambos vayan a buscar plata a un kiosco”.

Más adelante relató que “mi hijo se iba a escapar pero Walter, le pidió que por favor no lo deje solo. Cuando entraron al kiosco, Ricardo pensó que tenían que ir a buscar algo y se encontró con que Walter le mostró la pistola a la señora y le pidió la plata. Cuando salieron caminaron despacio, para que la kiosquera vea en qué auto subieron y pueda alertar a la policía”.

Las dos personas que secuestraron a los jóvenes bajaron a pocas cuadras y Walter quiso ir a su casa para constatar que su familia se encontraba segura, con los nervios chocó el vehículo en una casa, entre las calles Camacua y Cuba, Villa Luzuriaga. En ese momento Ricardo corre a refugiarse en una esquina, luego aparece un patrullero. “Walter le hace señas para que pare y les dice que fue secuestrado, cuando bajaron del patrullero lo empezaron a golpear, mi hijo veía todo desde enfrente, se asustó y quedó en el mismo lugar”, relató Carballo.
Según consta en la causa 05-00-001714-13, del juzgado de Garantías N°5 a cargo del doctor Gustavo Banco, un vecino alertó a los policías que Ricardo Carballo, se encontraba sentado en una escalera. En este punto Rubén denunció que “lo agarraron, le taparon el rostro con la remera y comenzaron a golpearlo, le aflojaron un diente de las trompadas que le dieron”.
Y aseguró que los mismos vecinos comentaron que la golpiza que recibieron ambos jóvenes fue brutal. “Todo esto muestra la impunidad con la que trabajan, eran las cinco de la tarde cuando los detuvieron y golpearon a la vista de todos”.

En el acta de procedimiento de la causa se declara que los efectivos “se trabaron en lucha” con Walter y “utilizando la fuerza mínima e indispensable”, logran reducirlo. Sin embargo, ambos jóvenes no fueron atendidos por ningún médico.

“Dicen que no había médico, cuando hay un detenido el procedimiento que hacen es llevarlo al médico para que conste que no está golpeado, no lo quisieron llevar por la forma en que estaban golpeados los chicos”, aseguró.

Ambos detenidos, fueron trasladados a la comisaría de Ramos Mejía y a la de San Justo. Pero, a los pocos días los envían a la Unidad 43 de González Catán. “Me comuniqué inmediatamente con el Ministerio de Seguridad, hablé con la doctora Cristina Camaño, que habló con la ministra Garré pedí por la integridad física de mi hijo”, contó Carballo y explicó que inmediatamente Ricardo fue trasladado a Lomas de Zamora.

“Queremos poder hacer un acto acá en San Justo, con todos los casos que hay en La Matanza, que son muchísimos. Pero no tenemos el aval y respaldo de la Municipalidad, ellos sí hacen actos políticos, que todos nosotros pagamos, los escenarios, el sonido, todo lo que ellos usan lo pagamos nosotros. Pero nosotros no tenemos derechos ni siquiera de hacer algo en la plaza que es de todos. Hace tres años que estamos pidiendo una reunión con el Intendente, pero no nos escuchan”.

Finalmente, analizó: “Muchos no denuncian porque viven con el fantasma de que contra la policía no. Pero nos tenemos que unir entre todos, existe la buena policía que hace bien su trabajo y sabe cuál es su trabajo, la policía está para prevenir y detener. En ningún lado dice que tienen que reprimir, matar a palazos, torturar”.
Muchos son los casos que gritan por justicia y le exigen a la sociedad que esté atenta para poder escuchar y entender esos gritos que alertan que la inseguridad muchas veces no está dentro de los barrios pobres, sino dentro de las mismas fuerzas de seguridad.