El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió aunar en un sólo expediente las presentaciones contra las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco por entorpecer la investigación de la desaparición del adolescente Luciano Arruga, quien tras cinco años y 8 meses de búsqueda fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
Los pedidos de juicio político fueron solicitados por la familia de Arruga, abogados de la APDH de La Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El primer pedido de jury recayó sobre la fiscal Roxana Castelli, en 2010, tras los primeros meses de investigación. Castelli había puesto en manos de la propia policía bonaerense sospechada las primeras medidas de prueba y mantuvo como hipótesis la relación de la familia del adolescente con la venta de drogas.
Luego de que la titular de la UFI 7 fuera apartada de la causa, la fiscal Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco mantuvieron la causa como «averiguación de paradero» y las demoras en las medidas de pruebas fueron una denuncia recurrente de la familia, que sufría amenazas de la policía bonaerense. Finalmente, en enero de 2013, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consiguió que la causa pasara al fuero federal para investigar la «desaparición forzada».