La resolución, adoptada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, llega tras más de cuatro meses de incertidumbre en torno a la situación procesal de la infanta Cristina, cuya imputación había sido apelada por la Fiscalía Anticorrupción.
La Justicia española ratificó hoy la imputación a la infanta Cristina por dos delitos de evasión fiscal pero decidió levantar los cargos en su contra por blanqueo de capitales, por lo que a la hermana del rey Felipe VI aún le queda una mínima posibilidad de eludir el banquillo de los acusados por el caso de corrupción Nóos.
El magistrado José Castro, instructor del caso Nóos, que tiene como principal imputado al marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, deberá decidir ahora si salva a la hermana del rey de España de un histórico juicio oral por corrupción que supondrá una inevitable humillación para la corona española.
La única esperanza de la infanta – y la monarquía- de evitar quedar definitivamente manchada por uno de los mayores casos de corrupción destapados en España en torno al poder político y económico, pasa por la aplicación de la llamada «doctrina Botín» (en referencia a un caso en el que estuvo procesado el fallecido presidente del Banco Santander).
La citada doctrina del Tribunal Supremo permite a un imputado de delito fiscal evitar el juicio si no hay acusación pública o particular.
En el caso de la infanta, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusaron de delitos fiscales. Sólo lo hizo la acusación popular ejercida por la organización de ultraderecha Manos Limpias, cuya legitimidad es cuestionada por la defensa.
El juez no está obligado a adoptar la doctrina Botín, mientras sus actuaciones previas que llevaron a la imputación de la infanta, más la dura resolución adoptada por la Audiencia Provincial, que critica la posición de la Fiscalía por no acusar a la hermana del rey de España, apuntan a que no lo hará.
La incógnita se resolverá con el auto –resolución- de apertura de juicio oral, y la decisión del juez, esta vez, será irrevocable.
La imputación de la infanta por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública se desprende de su papel como copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarín, quien utilizó esa empresa para defraudar un total de 337.138 euros de las cuotas del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los años 2007 y 2008.
El juez acusó a la infanta de haber cooperado de forma «silenciosa» con la evasión cometida por Urdangarín, un delito que está penado con cinco años de prisión. Según el instructor, el Duque de Palma utilizó Aizoon como «sociedad pantalla» para desviar dinero público y evadir impuestos.
Urdangarín percibió retribuciones procedentes de ocho empresas en su condición de consejero asesor, pero facturó a través de la empresa Aizoon, con el fin de tributar menos en su declaración de la renta, según la investigación.
El juez del caso sostiene que esos delitos que se le imputan a Urdagarin difícilmente se podrían haber cometido sin, cuanto menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros «indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado».
Hoy, la Audiencia fue más lejos al asegurar que «la infanta conocía que su marido estaba actuando de modo irregular con el fisco» y que es «innegable e inobjetable que «contribuyó a defraudar al fisco» y que además se benefició de ello. Según explica la resolución, el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo para sus socios sin que tampoco estos declarasen esos dividendos en sus impuestos a la renta».
El juez Castro también considera que existen indicios suficientes para procesarla por blanqueo de capitales, delito penado con seis años de cárcel, cargos de los que ahora la infanta se ha librado.
Tras la resolución de hoy, el caso de corrupción Nóos, cuyos principales implicados son Urdangarín, su ex socio Diego Torres, y la esposa de éste, Ana María Tejeiro, quedó a las puertas del juicio oral.
En la causa se investiga la apropiación indebida de seis millones de euros de fondos públicos por parte de la Fundación Nóos, una entidad deportiva creada por Urdangarín supuestamente sin fines de lucro. Parte del dinero apropiado fue a parar a Aizoon, empresa que fue diseñada con ese propósito y de cuya junta directiva forma parte la infanta Cristina.
En abril de 2013 el magistrado encontró hasta 14 indicios de la presunta «complicidad o colaboración necesaria» de Cristina de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido, pero posteriormente la audiencia provincial levantó la imputación.
Meses después, el magistrado halló nuevos indicios y volvió a imputar a la infanta, quien el pasado 8 de febrero declaró ante los tribunales, protagonizando un hecho histórico para la Corona en los 38 años de reinado del rey Juan Carlos.
Unos meses después, el 2 de junio último, el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación, en un escenario marcado por la complicada situación judicial de su hija, que había puesto en jaque a la monarquía.
El flamante rey Felipe VI, heredó el reinado pero también el escándalo. Consciente de ello, durante su discurso de proclamación, el 19 de junio, el monarca prometió encarnar una monarquía renovada y símbolo de «autoridad moral».
El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, quien desde el inicio se opuso a la imputación de la infanta por la ausencia de indicios incriminatorios, acusó al juez de «conspirar» contra la hermana del rey.