El proceso oral que juzgará al efectivo bonaerense Diego Torales, acusado de aplicar torturas y vejámenes a Luciano Arruga en septiembre del 2008-mientras estaba detenido de manera ilegal- comenzará el próximo 25 de marzo a las 10 de la mañana en el Tribunal Oral Nº 3 de La Matanza.
Este es un expediente paralelo al de la detención y desaparición de Luciano. Será la primera causa vinculada a Arruga que llega a una instancia de debate oral y se espera que éste sea el inicio de varios procesos que juzguen la violencia institucional que padeció el adolescente.
Por Ángela Tobar
atobar@periodicosic.com.ar
Diego Torales es uno de los policías acusado de golpear y torturar el 22 de septiembre del 2008 a Luciano Arruga, cuando estuvo detenido de manera ilegal por más de nueve horas en el entonces destacamento de Lomas del Mirador que funcionaba bajo la órbita de la Comisaría 8va de La Matanza. Y que actualmente se convirtió en un espacio para la memoria.
La causa estaba caratulada como “vejámenes”, pero en febrero de 2013 el CELS pidió el cambio a “torturas” para que se tenga en cuenta no sólo por los tormentos físicos sino también los psíquicos. En este contexto, el policía Diego Torales, que se encuentra con prisión preventiva, podría ser condenado de 8 a 25 años.
El juicio que comenzará en poco más de un mes está fijado para tres días de audiencia, “lo que no quiere decir que no se pueda extender a más audiencias, depende de las pruebas que se vayan produciendo en el debate”, aclaró Juan Manuel Combi, abogado de la causa.
El proceso oral tiene citado a decenas de testigos que declararán sobre las torturas y persecución que vivió Arruga por parte de Torales, la causa registra que existen testigos que presenciaron la humillación y golpes que Torales le propició al adolescente.
Además del relato de Vanesa Orieta y Mónica Alegre -hermana y madre del joven- que escucharon los gritos de Luciano mientras era golpeado en un cuarto de la dependencia, y cuando lo liberaron, luego de las exigencias de su familia, Luciano no dudó en apuntar a Torales como el responsable de sus heridas.
Además la causa sostiene que pese a que Luciano se negó a radicar la denuncia por miedo a las represalias que tendría, la hermana lo convenció para que lo atiendan los médicos del Policlínico Central de San Justo, y esos profesionales son hoy testigos en el juicio.
“Tenemos citados a una cantidad considerable de testigos. Todas las personas intervinientes en el proceso. Además solicitamos la presencia de profesionales en la materia, de expertos con respecto a los delitos de torturas, que es un delito complicado que tiene que ver con la valoración probatoria, porque tengamos en cuenta que generalmente hay ausencia de testigos objetivos en el momento del hecho, es una de las particularidades que tiene el delito de tortura, por eso vamos a requerir del ejercicio de algunos profesionales para que nos cuenten cómo está determinada la tortura y la característica de la valoración probatoria”, dilucidó Combi.
En lo referente a la documentación que existe sobre la atención de Luciano, en el Policlínico explicó que “hay pruebas de instrucción suplementaria donde solicitamos que se requiera la correspondiente constancia de la atención de Luciano y está citado el personal médico”.
Torales: La punta del iceberg
Además de Torales, ese 22 de septiembre de 2008, al menos dos policías más habrían golpeado y torturado a Luciano, los mismos, debido a la mala investigación de inicio de la causa, aún no fueron identificados.
“En el primer proceso de investigación quienes participaron de la misma fueron los policías bonaerenses deteriorando gravemente la situación de la causa, porque lo que hizo la policía fue entorpecer la causa y alejarnos de Luciano”, sostiene la familia.
“El juicio se ocupará de la imputación completa de Diego Torales, lo que no quiere decir que durante el procedimiento tengamos ciertas valoraciones, porque en el delito de tortura hay más personal involucrado y no sólo en el nivel activo de la tortura, sino también en la complicidad. Entendemos que la imputación se puede extender a más acusados, pero en este juicio y proceso de debate sólo se va a analizar la responsabilidad penal de Torales.”, detalló el abogado de la familia.
A su vez, remarcó que de este proceso pueden surgir otros en los que sean juzgados nuevos imputados, “existe la posibilidad que otros (policías) sean juzgados y tengan un procedimiento acorde a lo que este delito requiere”.
La otra causa
En el expediente por desaparición forzada, hay testigos que afirman que el adolescente en el 2007 se negó a robar para la Policía y desde ese momento comenzó la persecución, detención ilegal en 2008 y desaparición en el 2009 y casi seis años después se identificó su cuerpo que estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
“Luciano fue secuestrado el 31 de enero de 2009 y desde el comienzo supimos que fue la policía. Lo supimos y lo sabemos porque lo tenían de punto: lo detenían ilegalmente, lo humillaban, le apuntaban al pecho y le advertían que tenía los días contados”, remarcó la familia.
En menos de un mes comenzará un juicio muy esperado por la familia y la sociedad, proceso en el que se espera comience a dilucidar qué pasó con Luciano, y que quite el manto de impunidad que cubre a una parte del poder policial, judicial y político.