Inés Guzzo es mamá de una adolescente con Síndrome de Down y se refirió a la medida que se implementó desde el Gobierno Nacional y que afectó a 170 mil beneficiarios. Ante el repudio masivo, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley anunció que se daba marcha atrás con la medida, la restitución se hizo efectiva sólo en un 15 por ciento. En tanto, la Mesa de Discapacidad La Matanza participó de una charla debate en la Cámara de Diputados de la Nación.
El Gobierno Nacional implementó la quita de pensiones por discapacidad a 170 miles beneficiarios y el repudio de la sociedad fue inmediato. La rápida reacción y las manifestaciones en contra de la medida hicieron que, una vez más, se dé marcha atrás.
Y es que hasta la campeona paraolímpica Yanina Martínez se quedó sin su pensión por discapacidad. ¿El motivo? La joven cuenta con el apoyo de un sponsor que respalda su carrera deportiva. “No sabemos qué pasará cuando el vínculo con el sponsor termine”, dijo la mamá de la joven.
Desde la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación emitió, al cierre de esta edición, un comunicado para advertir que continúan en “estado de alerta” luego de la quita de pensiones por discapacidad que se llevó a cabo, sin previo aviso, a 170 mil beneficiarios.
El motivo del “estado de alerta” es que, si bien desde el Ministerio de Desarrollo Social se había anunciado que se daría marcha atrás con la medida y las pensiones serían dadas de alta inmediatamente, solo 24.600 de los 170.000 beneficios que fueron suspendidos, se restituyeron.
Inés Guzzo es mamá de Tiziana Gallo, una adolescente con Síndrome de Down y vive en Gregorio de Laferrere. Si bien la joven no sufrió la quita de su beneficio, la mujer contó que vivió “con mucha angustia” la medida impuesta por el Gobierno de Mauricio Macri.
“Al sacarle la pensión a un discapacitado lo dejan vulnerable, ya que no es solo el dinero, les sacan la obra social, las terapias, los traslados. No todas las familias pueden pagarlo y no todos pueden solos”.
“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión, puede trabajar si lo deseara”, fue el justificativo atroz que brindó el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, Guillermo Badino.
Al respecto, Guzzo cuestionó: “¿Qué hago, le cargo la sube a Tiziana y tipo 6,7 de la mañana la pongo en un colectivo y que vaya a buscar laburo? Ella no está en condiciones y no todos los casos son iguales. Tienen que ser un poco más humanitarios”.
“El sentimiento de
desamparo es total”
Si bien la lucha por la inclusión y la igualdad de condiciones en una de las banderas que llevan las familias de personas con discapacidad, eso no implica que se vulnere un derecho adquirido, tal y como lo es la adjudicación de una pensión.
“Por supuesto que uno tiene que prepararla, si puede trabajar, la acompañamos. Pero no es tan fácil la inclusión, la discriminación está a la vuelta de la esquina. En la realidad tenes que pelear hasta el asiento en el colectivo”, lamentó la mujer, que además añadió: “En lo que pensamos es que será de ella el día en que no estemos sus padres”.
Para Inés Guzzo, la medida implementada es “psicológicamente cruel”. En ese sentido, la mujer expresó: “Quien nos tendría que cuidar, nos está tirando abajo, no están desmoralizando. Esto es volver a tantos años atrás, a tirarlos(a los discapacitados) ‘en la piecita del fondo’, eso es lo que sentimos como papás”.
Además, como mamá de una joven con Síndrome de Down, Guzzo aseguró que los gobernantes “no les dan valor porque no votan, porque no aportan, entonces no les interesa y quieren sacarlos del medio. El sentimiento de desamparo es total. Tras el dolor que sentimos los padres por los problemas de salud que atraviesan los chicos especiales, quien te tiene que amparar, contener no lo hace, ¿adónde corres?”, cuestionó la mujer.
Quita y demoras
Según advirtieron desde la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social no solo la quita de pensiones está afectando a personas con discapacidad, sino que también hay una demora considerable para la tramitación de nuevos beneficios. Tramitar una pensión no contributiva puede tardar hasta 1 año y medio.
En tanto, Alejandra Correa, mamá de un joven con discapacidad, integrante de la Comisión APACID y de la Mesa de Discapacidad La Matanza, participó de una charla debate que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación el 15 de junio, previa a la manifestación que se llevó a cabo en el Obelisco, para repudiar la medida y exigir el cese de la misma.
Del encuentro participaron legisladores y miembros de diferentes entidades que bregan por los derechos de personas con discapacidad. Correa contó que las líneas de dicho debate “fueron el repudio y el dolor por esta medida de ajuste ilegal y arbitraria”. Además se planteó la necesidad de un Estado “que genere políticas que contemplen las necesidades de los grupos de riesgo o vulnerabilidad” y no que funciones como “barrera para la plena realización” de personas con discapacidad.
Durante la charla debate, las organizaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad, se planteó también el cumplimiento del cupo laboral en todas las reparticiones del Estado y en empresas privatizadas de servicios públicos, como así también el pase a planta permanente de todo empleado con discapacidad y agilización de los concursos en todas las reparticiones del Estado.
Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral están desempleadas, según datos la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citados por Correa.
“El debate fue enriquecedor y quienes nos representan pudieron tomar nota de los reclamos y pedidos realizados y asumieron el compromiso de seguir trabajando en el tema.
Por nuestro lado, ciudadanos con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, representantes debemos continuar exigiendo el cumplimiento de los derechos”, señaló Alejandra Correa.