La senadora Nathalia Gonzales Seligra, diputada del Frente de Izquierda por La Matanza, y dirigente de SUTEBA local, fue una de las 71 legisladoras que firmó el proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo y analizó la necesidad de aprobar este pedido y que se reglamente una ley de aborto legal, seguro y gratuito
“Hay que defender la vida de las mujeres que se practican un aborto clandestino” resumió la legisladora, y comentó que durante la presentación del proyecto en la Cámara Baja el pasado 6 de marzo, existió un “ambiente de mucha emoción”, y aclaró que en la última década fueron presentados anteriormente 6 proyectos más que no llegaron a ser debatidos en el recinto. “A pesar de que es la séptima vez que se presenta este proyecto, hay que destacar que fueron muchos años de pelear por los derechos de las mujeres en general y el aborto en particular, y el día que se entregó por séptima vez el proyecto se vivió un clima de mucha emoción” y aclaró que a diferencia de los años anteriores, en este 2018 “se palpa una situación distinta, porque se plantea una adhesión grande al proyecto (71 firmas de diputados y diputadas de distintos bloques)” y agregó que “es la primera vez que se presenta con tantas firmas recolectadas en poco tiempo. Desde ese punto de vista hay mucha emoción, pero a la vez sabemos que es un debate difícil que se abrió ahora, poniendo el alerta porque sabemos que es un debate difícil, que tiene que ver con un debate instalado socialmente que ha ganado adhesión, es una pelea del movimiento de mujeres de muchos años”.
“Ahora está planteado abrir un debate el próximo 20 de marzo en las comisiones y esperamos que no llegue al mismo destinos que en otras ocasiones, en los que ha pasado en debate por la comisión de Salud, Penal pero nunca ha prosperado, incluso ha tenido dictamen de comisión de Derechos Humanos pero nunca ha llegado el debate al recinto, pero esperemos que está vez justamente por toda la presión social que hay alrededor de la adhesión al proyecto, llegue al recinto con un resultado favorable”, anheló. “Con este proyecto se puso de relieve una realidad que se trata de una política de salud pública. El propio Estado ha tomado conocimiento en eso, el Ministerio de Salud en el 2016 da cuenta de 46 muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos, que fueron registradas dentro de hospitales públicos y se estima que por cada mujer que llega al hospital con un aborto hay 9 detrás de ella que lo hace y que no llega al hospital o que llega con otras causas que no son registradas como aborto”.
Puntos del proyecto
El proyecto, que había perdido estado parlamentario, llegó a la Cámara baja por séptima vez, con la firma de 71 legisladores de la UCR, el FpV, Cambiemos, la Izquierda, el Movimiento Evita, Evolución, Libres del Sur y el Frente Renovador.
Se estima que el debate en comisiones comenzará el 20 de marzo. La iniciativa integral defiende el derecho de toda mujer a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional «en ejercicio del derecho humano a la salud». Toda mujer que haya solicitado un aborto y dado su consentimiento por escrito tendrá derecho a que se cumpla su petición en un plazo máximo de cinco días, sin que medie ninguna autorización judicial previa. En tanto, en el caso de embarazos adolescentes, la norma entiende que entre los 13 y los 16 años, la mujer «cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento». En menores de 13 años, en cambio, «se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal».
Otro de los puntos del proyecto plantea que tanto el sector público de salud, como las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como prestaciones médicas básicas obligatorias a sus afiliadas la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo y que las autoridades médicas de cada establecimiento de acuerdo al art. 40 de la ley 17.132 serán los encargados de garantizarlo. Los alcances de este proyecto tienen en cuenta además los casos en los cuales la interrupción del embarazo ya es legal en la Argentina: «Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano y si existieren malformaciones fetales graves». Además, deroga los artículos del Código Penal de la Nación que penalizan a la mujer y al personal sanitario que realice abortos bajo consentimiento. Entre los fundamentos de la ley, los firmantes dejan en claro que el lema de la campaña es «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto sexual para no morir» y que este proyecto tiene por objetivo subsanar una carencia del sistema público de salud. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2015, en Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según cifras estimativas, ya que se trata de una práctica clandestina que arroja a las mujeres a la ilegalidad. En 2012, murieron a causa de abortos mal realizados 33 mujeres en el país, constituyéndose en la principal causa de muerte materna.