Lo dijo Alejandra, hermana del chófer de la línea 620 que fue asesinado mientras realizaba su recorrido en Virrey del Pino, tras conocer la resolución judicial sobre uno de los implicados en el hecho. Se trata de un joven que al momento de suceso era menor de edad y recibió una pena de 14 años. En tanto, el año próximo se juzgará al otro imputado. La familia adelantó que peleará por la pena máxima.
A nosotros lamentablemente no nos cambia nada, la realidad es que Leandro no está y se hace muy difícil. La condena perpetua la tenemos nosotros”, lamentó Alejandra Alcaráz, hermana del chófer de la línea 620 que fue asesinado en abril de 2018, sobre la condena a uno de los implicados en el crimen.
La resolución tuvo lugar tras un juicio abreviado en el cual el juez de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, Daniel Testi, declaró penalmente responsable a Víctor López Brizuela de “homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego”.
El imputado, que al momento del crimen tenía 17 años, recibió una pena de 14 años de prisión, solicitada por el fiscal Emilio Spatafora, que comenzará a cumplir luego de un período de evaluación que se extenderá durante doce meses.
Es decir, continuara alojado en un Instituto de Menores y deberá someterse a un tratamiento tutelar. “Obviamente pensamos que la condena debería haber sido mayor, 14 años por llevarse una vida es nada. Pero lamentablemente no podemos esperar mucho de la Justicia de nuestro país”, cuestionó Alejandra Alcaráz.
La hermana del joven chofer, que tenía 26 años cuando fue asesinado, remarcó que su familia no siente “que se esté haciendo Justicia”, sobre todo porque el joven condenado es el autor de los disparos que terminaron con la vida de Leandro.
El otro implicado en el hecho es Cristián López Brizuela, de 24 años, y será sometido a juicio el año próximo. “Ahora nos queda pelear por la condena a perpetua del otro acusado”, manifestó la hermana de la víctima.
Según pudo reconstruirse, el domingo 14 de abril, Leandro Alcaráz había mantenido una discusión con un pasajero porque no tenía carga en la tarjeta SUBE y este llamó a otro sujeto para que espere en la parada y ataque al joven.
Al llegar a la parada situada en Santiago Bueras y Concordia del barrio San Pedro de Virrey del Pino fue atacado a tiros. Recibió un disparo en el tórax y otro en el cráneo.
Para la Justicia, Víctor Lopez Brizuela, es quien viajaba en el colectivo y llamó por teléfono para que lo esperen en la parada. En tanto, Víctor es la persona que lo esperó y disparó.
Los tiempos de la Justicia
“Desde el momento en el que paso esto supimos que los tiempos de la Justicia no son los nuestros, que tenemos que estar atrás para que la causa se mueva”, contó Alejandra. En la misma línea añadió: “Nos tocó tener que buscar testigos, estar atrás de fiscales, de jueces y llevar pruebas”.
Sin una resolución en la Justicia, para la familia sigue pendiente el llevar adelante el duelo por la muerte de Leandro, que era padre de una nena. “Estamos esperando la condena pero esto para nosotros no se va a terminar nunca, la herida no se va a cerrar”, dijo la hermana de la víctima.
El brutal crimen tuvo un alto impacto en la comunidad. Hubo un masivo acompañamiento a la familia y los trabajadores de las líneas de colectivos de la provincia de Buenos Aires suspendieron el transporte de pasajeros por 48 horas.
Además, el crimen de Leandro puso en evidencia la vulnerabilidad de los conductores que enfrentan constantes hechos violentos a diario, sin medidas que garanticen su seguridad.
En ese momento se hizo foco en ley 14.897, normativa aprobada en 2016, que establece que “las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes”.
La normativa reglamentada en febrero de 2017 indica, además, que “su incumplimiento acarrea la inhabilitación para la circulación de las unidades”. Pero la mima no se llegó a imprentar en su totalidad.
Fue luego del crimen de Leandro que el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que el Banco Provincia otorgaría créditos blandos para que a partir del día lunes siguiente “todos los colectivos que trabajen de noche tengan cámaras”.
Sin embargo, a un año y medio del hecho todo sigue igual. “Las medidas de seguridad que se implementaron luego del asesinato de mi hermano no se sostuvieron en el tiempo. Todo quedo en la nada y, en definitiva, el cuidado queda a cargo de cada uno. Siempre fue así”,Para la mujer, “la ley no se cumple por falta de recursos, tanto por parte de las empresas como por parte del Estado”, advirtió.