Según explicaron, el joven fue atropellado a las 3.21 del 1 de febrero de 2009, (tres horas después de haber desaparecido), en Avenida General Paz y Emilio Castro, del barrio porteño de Mataderos, cerca del destacamento policial investigado.
Según consta en la causa Luciano fue llevado por el SAME al Hospital Santojanni, ya que el conductor dio aviso a la Policía y entre el horario del accidente y las 8 murió tras ser operado en el centro de salud. Centro en el que la familia lo había buscado esa noche. La autopsia realizada en esa circunstancia determinó que tenía traumatismos en la cabeza, el brazo izquierdo, el torso y los tobillos.
La familia exige respuestas y las sospechas siguen apuntando firme a los efectivos de la Bonaerense que cumplían funciones en el exdestacamento de Lomas del Mirador.
“La Justicia tiene que resolver qué fue lo que ocurrió en esas tres horas previas hasta que Luciano apareció a las 3.30 en la vía rápida de la General Paz, porque denunciamos la desaparición de Luciano a la 1 de la madrugada”, señaló Orieta y agregó que, luego de la denuncia, se pusieron “en evidencia una serie de detenciones arbitrarias”.
Por otra parte, sostuvo: “En el marco de la causa que se investigaba por desaparición forzada, se arrojaron elementos que indicaban que Luciano estuvo esa noche detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador, estuvo en un patrullero y en un descampado muy cercano a la zona, llamado Monte Dorrego”.
De esta manera, los familiares y ami-gos de Arruga piden que todas estas irregularidades sean esclarecidas y denuncian que se trató de un caso de violencia institucional.
“Es necesario que estas cosas sean visibles porque tienen que ver con la vida de las personas y con empezar a cambiar la mirada hacia los jóvenes de los barrios humildes”, concluyó Orieta.
NOVIEMBRE
La Legislatura bonaerense expropió el exdestacamento policial donde desapareció Luciano Arruga
El proyecto de expropiación del inmueble donde funcionó hasta diciembre de 2011 el destacamento policial de Lomas del Mirador, fue aprobado en el mes de noviembre y convertido en ley por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa del diputado del Frente para la Victoria Miguel Angel Funes declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación esa exdependencia policial del partido de La Matanza para ser transferido a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), con el objetivo de instalar allí un Espacio para la Memoria denominado «Luciano Arruga». Desde la APDH aseguraron que iniciarán los trámites para que la familia sea la que direccione el trabajo del Centro de la Memoria.
Es de remarcar que según figura en la causa judicial, “el exdestacamento fue el lugar donde el joven fue detenido y golpeado con brutalidad por efectivos de la Policía Bonaerense, antes de su desaparición el 31 de enero de 2009, por negarse a colaborar con robos organizados por la propia fuerza”.
Iniciarán juicio político a dos fiscales y un juez que investigaron el caso Luciano Arruga
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió que es admisible la apertura del juicio político a las dos fiscales y al juez de Garantías que investigaron la desaparición de Luciano Arruga.
En un comunicado de prensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que esta resolución alcanzó a los fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas, al igual que al juez Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza, quienes fueron acusados de haber entorpecido la pesquisa. «A partir de ahora se iniciará el sumario para formalizar la acusación y decidir sobre la actuación de los funcionarios judiciales bonaerenses», indicó el comunicado.
«El proceso de juicio político que se abre con la decisión de hoy será fundamental para ver si el sistema político provincial le exige al Poder Judicial criterios de actuación claros de protección de los Derechos Humanos para enfrentar las prácticas arraigadas de violencia policial. No puede haber impunidad para los abusos policiales ni tampoco para los funcionarios políticos o judiciales que responden con desidia, formalismos o complicidad», agregó el comunicado del CELS.
Mientras que Orieta sostuvo que “en el primer proceso de investigación quienes participaron de la misma fueron los policías bonaerenses deteriorando gravemente la situación de la causa, porque lo que hizo la policía fue entorpecer la causa y alejarnos de Luciano”.