En diciembre se cumple un año de la creación de la Oficina Anticorrupción y Ética de La Matanza, cuyo titular es el abogado Miguel Ángel Bruno. Si bien es un organismo nuevo en el Distrito, la falta de políticas de transparencia y comunicación provoca que su existencia no tenga peso ante los vecinos y funcionarios municipales.
Por Lorena Toro
La Argentina en 1997, firmó un tratado multilateral con la Convención Interamericana Contra la Corrupción en una Asamblea perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, por la cual se adhirió a las políticas para “generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción”.
Desde entonces, el Gobierno Nacional, algunas provincias y municipios dentro de sus propios sistemas institucionales, comenzaron a implementar políticas públicas encuadradas en el preámbulo de la Convención Interamericana. La Pampa, Río Negro, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Santa Fe a nivel provincial, mientras que Morón, Córdoba, Rosario y La Matanza a nivel municipal.
El 27 de diciembre de 2010, en el salón Islas Malvinas del Palacio Municipal y rodeado por funcionarios, el intendente Fernando Espinoza realizó el anuncio mediante el cual asumió el compromiso de asegurar el desarrollo de las funciones del gobierno en un marco de transparencia, certificando conductas éticas de parte de sus funcionarios y agentes.
A través del decreto 2998/10, el Ejecutivo Local en ejercicio de sus atribuciones presentó la Oficina Anticorrupción y de Ética Pública (OAEP) y designó como director al abogado Miguel Ángel Bruno. Esta actitud fue criticada por el arco opositor.
A pesar de las dudas, algunos sectores tomaron con beneplácito la idea de que en uno de los distritos más importantes del Conurbano y a la vez más poblado se comenzara a poner énfasis en la transparencia de la gestión.
Desde enero de este año, la OAEP comenzó a dar sus primeros pasos. Con una estructura pequeña de cuatro personas: tres abogados y un administrativo, incluido el director, funciona en la oficina ubicada en el sexto piso del nuevo edificio municipal de Perú 2.250, San Justo.
Miguel Ángel Bruno, director de la Oficina Anticorrupción informó que existen dos políticas fundamentales dentro del Organismo: “La investigación de denuncias que hagan los vecinos o entidades respecto a conductas corruptas o anti éticas que tengan lugar dentro de la administración municipal por parte de funcionarios o agentes. Y la promoción de políticas que lleven a la mejor transparencia en la función pública”.
La OAEP recibe las denuncias a través del 0800-222-0183, donde el interesado expone en forma escrita y firmada, para luego iniciar un expediente administrativo de investigación. Según el reglamento de la Oficina, estas actuaciones tienen carácter de reservado, ya que su publicidad podría impedir el cumplimiento de los fines pretendidos.
En el caso que se compruebe el delito mediante una Resolución de su Dirección Ejecutiva se podrá realizar la denuncia en la fiscalía de turno y ordenar el giro de las actuaciones al Departamento Ejecutivo para que realice un sumario administrativo.
Durante este período de existencia se recibieron ocho denuncias, dos relacionadas con irregularidades en la habilitación comercial y una con industria; robo de ataúdes en el Cementerio de Villegas, denuncia sobre anomalías en la recolección de residuos; anomalías con la usurpación de terrenos en Virrey del Pino.
Sin embargo, en la primera etapa de investigación, la OAEP sufre las mayores trabas administrativas cuando alguna oficina se niega a entregar expedientes o datos, por el temor a ser investigados.
“Hay algunos sectores que tienen miedo de que alguna intervención nuestra al pedir un expediente implique poner en el paredón a algún funcionario que es el que lo tiene en ese momento.
Buscamos tener diagnósticos idóneos para saber cómo realizar las acciones, e ir eliminando las debilidades”, sostuvo Bruno.
“Lo que pasa es que hay una falta de cultura de la importancia de la ética pública y la lucha contra la corrupción.
Entendemos que hay que hacer una tarea de pedagogía para ir metiendo en las cabezas que el funcionario público forma parte de este cambio”, agregó el director.
En el artículo 3 del Decreto 2298/10 establece “que las dependencias y funcionarios municipales deberán prestar la más amplia colaboración para facilitar el cumplimiento de las funciones establecidas para la Oficina, lo que permite su intervención sin impedimento alguno.
Sin embargo, esto no se cumple. La Matanza no cuenta con un reglamento interno, ni se emitió información en las dependencias municipales (más allá de las difundidas por los medios locales) para exigir dicha colaboración del personal municipal en el periodo de investigación con la entrega de expedientes o informes para clarificar el caso denunciado en la Oficina Anticorrupción. Esto entorpece la tarea de este organismo.
Por su parte, la licenciada Celeste Conde, Directora de Modernización y Transparencia del Estado del Municipio de Morón, departamento del que depende la Oficina Anticorrupción de ese distrito, expresó que cuando en el 2000 se creó el organismo controlador “los empleados de planta permanente fueron los que se resistieron al cambio y se produjeron problemas. En tanto no ocurrió lo mismo a nivel de los funcionarios políticos, porque la Oficina Anticorrupción nació y creció con Sabbatella”.
Para superar la situación se implementó en todo el Municipio de Morón un trabajo de comunicación que consiste en carteles que difunden los teléfonos de la Oficina, además de generar otros mecanismos de denuncias como los buzones que están instalados en las dependencias municipales. “Esto concibe que el funcionario municipal se cuide más ante el conocimiento de que si incumbe en algún hecho irregular será denunciado”, advirtió.
A diferencia de La Matanza, la Oficina Anticorrupción de Morón, además puede actuar de oficio, es decir que procede a realizar investigaciones que llegan de manera anónima, o si se observan irregularidades, sin necesidad que exista una denuncia escrita y firmada.
La Matanza y la transparencia pública
“La transparencia en la gestión municipal requiere dos vías de trabajo, por un lado, el fortalecimiento de la participación ciudadana, pues se requiere de personas informados que controlen la gestión municipal, y por otro lado, el fortalecimiento de las instituciones municipales tendientes a la transparencia”, observó la abogada Nadia Tapia del Centro Asistencia Legal Anticorrupción, un espacio enmarcado dentro del Poder Ciudadano, donde se ofrece asistencia y asesoramiento legal gratuito a ciudadanos que necesitan apoyo para presentar y dar seguimiento a sus reclamos y denuncias ante las oficinas públicas.
El Municipio de La Matanza tiene como cuenta pendiente lograr las políticas de transparencias, como el acceso a la información pública y la presentación de Declaraciones Juradas de los funcionarios municipales. En la página web del Gobierno Municipal existe la publicación sobre información de Proveedores, Compra, Presupuesto, Ejecución Presupuestaria y Licitaciones.
El concejal Fernando Asencio criticó al decir que “no hay transparencia de gobierno” en el Distrito. Además, aseguró haber presentado “muchos pedidos de informe para conocer como está funcionando la OAEP”, pero nunca fueron contestados.
Por su parte, la concejal del bloque Libres del Sur, Sandra Oviedo, sostuvo que al poder legislativo no le llegó ninguna información sobre dónde funciona, ni cómo fue designado su titular.
“Si bien la designación fue hecha por decreto nos parece que es una herramienta importantísima de transparencia pública que se hace dando información, no negándola”, opinó.
Sin embargo, de los 24 concejales del Honorable Concejo Deliberante, el edil Gustavo Ferragut fue quien se acercó a la Oficina Anticorrupción para conocer su funcionamiento. “Me puse a disposición para darle el apoyo, porque tiene que ser un órgano independiente”.
Vale recordar que Ferragut presentó el proyecto para que la Oficina Anticorrupción se creara por ordenanza con mecanismo de elección como se hizo con la Defensora del Pueblo. “Después sorprendió cuando por decreto designó a Bruno. Que le bajó el 50 por ciento del control porque solo puede controlar al ejecutivo”, recordó.
El director ejecutivo Bruno coincidió en que su designación tendría que haberse creado a través de una Ordenanza Municipal y no por decreto, ya que limita la jurisdicción impidiendo que se investiguen irregularidades en el ámbito del HCD como corrupción en asesores, concejales, y otros. El Decreto lo limita al ámbito del ejecutivo, lo mismo que sucede en la Oficina Anticorrupción de Morón.
“Al oficialismo le debe interesar más que a nadie, que la Oficina Anticorrupción funcione para poder pescar a alguien que le pueda costar la cabeza al Intendente. Hay inspectores que tienen su propio negocio y los superiores lo saben, esto puede derivar en escándalo de destitución. Por eso, hay que tener el control”, manifestó el concejal del GEN.
Mientras que Miguel Ángel Bruno, tiene una mirada alentadora sobre el futuro de la Oficina que él maneja y que para los próximos días será incorporada oficialmente al Foro Permanente de Fiscalías, en el que participan organismos que luchan contra la corrupción. Sin embargo, tiene claro que, para los próximos años, le espera una tarea difícil al frente de esta Oficina.
Tal como sostiene la licenciada Conde, ya llevan once años implementando políticas para terminar con la corrupción: “La Oficina puede ser un lindo sello pero si no hay una política de transparencia más amplia que una mera boca de recepción de denuncias no tiene sentido”.
CV Dr. Miguel Ángel Bruno
Director Ejecutivo de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública.
En La Matanza comenzó como asesor en diciembre de 1983. Antes de que ocupara el cargo de titular de la OAEP, se desempeñó en defensoría letrada de la Municipalidad.
Se especializó en temas municipales y, junto a un Juez de Faltas de Morón, escribió un libro de reforma política municipal.
También fue secretario Legal y Técnico en Morón durante el gobierno de Rousselot.
Anteriormente fue subsecretario de Gobierno del Municipio de Moreno.
Por mi intermedio somos vecinos de ramos Mejia , Marmol y Bolivar , en esta esquina hay un vecino que hace años se dedica a juntar pales de fabrica , que los arregla y prende fuego todos los dias y a toda hora ruidos molestos se juntan ratas , y la policia viene mira y se va , hace uso indebido del espacio publico , porque los pales estan sobre la vereda y la calle , mi mama tiene 90 años y sufre de asma tenemos que aguantar olor a humo todos los dias , pagamos impuestos altisimos por ser zona residencial , yo queria preguntarle al Sr intendente si podria mandar un inspector para que vea la situacion , ademas me olvidaba tiene un camion que no funciona estacionado del lado izquierdo , obligando a toda la cuadra a estacionar del mimo lado o sobre la vereda . al no tener ninguna respuesta despues de tantas denuncias llamaremos a un canal de television pàra que vean lo que sucede en uno de los mejores barrios de Ramos mejia, espero que respondan a este pedido de todos los vecinos de la cuadra .