Desde la agrupación conducida por Andrés Ayale, se intenta “poner en conocimiento de los
letrados y ciudadanos en general de dos temáticas que están siendo abordadas por el oficialismo Nacional y Provincial (Cambiemos), tanto por el Poder Ejecutivo como Legislativo, que generan una profunda preocupación en nuestro espacio, toda vez que ambas temáticas responden a la política que aplica el gobierno con respecto a los derechos de los trabajadores. Sin dudas, ésta situación afecta, a todo el pueblo trabajador y, en consecuencia, a los abogados que se dedican al derecho laboral”.
“Las temáticas son dos, por un lado la adhesión por parte de la Provincia de Buenos Aires a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo que fue sancionada por el Congreso Nacional a principio de este año. Al respecto, para que la mentada norma tenga aplicación en la Provincia tiene que tener la adhesión por parte del Congreso Provincial”, describió.
En relación a ello, el Diputado Provincial Rubén Ledesma (Bloque Frente Renovador) presentó, hace un tiempo, en la cámara baja el proyecto para que la Provincia de Buenos Aires adhiera a la mentada norma, mientras que en la Cámara de Diputados la misma fue aprobada “sobre tablas” pasando así a la Cámara de Senadores. Y marcó que “al tomar conocimiento de ello, diferentes sectores de la abogacía, representantes de los trabajadores y Senadores Provinciales empezamos a mantener reuniones con el fin de truncar el tratamiento del mentado proyecto”. Y destacó la participación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del exdirector del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, Juan Carlos Zseles, Abogados por La Matanza y Legisladores del Bloque FPVPJ, entre ellos “con comprometida participación” el senador Provincial matancero Daniel Barrera. Y celebró que gracias “al trabajo mancomunados de los sectores se logró, por lo menos por ahora, truncar el tratamiento de la nefasta norma en la cámara alta”. Y aclaró “defino al cuestionado proyecto como nefasto, dado que su aprobación sería la pérdida de derechos para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En efecto, la ley lo único que busca es beneficiar a los grupos económicos dominantes, en este caso las A.R.T. (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), en perjuicio de los trabajadores”. Luego criticó: “No alcanzó por parte del gobierno de cambiemos sancionar una norma que persiga quitarle derechos a los trabajadores, sino el presidente Macri, en un acto protocolar agravió, en forma injustificada, a los abogados que ejercemos el derecho laboral, buscando así instalar en los medios de comunicación la flexibilización laboral, demostrando nuevamente su política de favorecer a las grandes corporaciones en perjuicio de los trabajadores. Es claro que es una medida que perjudica directamente a todos los trabajadores y, en consecuencia, a todos los abogados de nuestro país”.
“Por ello, es mi obligación, en mi carácter de presidente de Abogados por La Matanza, agrupación de profesionales del derecho que tiene entre otros objetivos la justicia social, poner en conocimiento de los ciudadanos en general y, más aún, de los letrados del distrito las mentadas normas y sus consecuencias negativas tanto para el pueblo como para los abogados”, sentenció. Finalmente resaltó: “No puedo dejar de mencionar y repudiar la actuación negativa de ciertos personajes que desfilaron por los medios televisivos autoadjudicándose el cartel de abogados laboralista, pero lo único que hicieron fue criticar las leyes laborales, en un claro intento de generar opinión en los ciudadanos a favor de la flexibilización laboral, siendo títeres puestos por los grandes grupos de comunicación para generar una visión errónea de los derechos de los trabajadores, de los abogados y de la justicia laboral” y agregó “no puedo permitir que supuestos abogados laboralista y, menos aún, el presidente de la Nación ataque a los profesionales del derecho hablando de supuestas mafias de los juicios laborales, cuando dicha circunstancia es completamente falsa y con la finalidad de quitarle derechos a los trabajadores en aras de beneficiar a los grandes grupos económicos.