Fue creado por Florencia Guimaraes García, activista matancera por los derechos de identidades travestis y trans e impulsado por Mónica Macha, diputada nacional por Unidad Ciudadana. El mismo tiene como objetivo acompañar y proteger a víctimas del sistema prostituyente.
“Las mujeres travestis, trans y lesbianas, así como toda persona en situación de prostitución, tienen pleno derecho a que se respete su dignidad personal, a la integridad física, a la no discriminación, al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos, al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud, educación, promoción del empleo formal y acceso a una vivienda digna”, reza el artículo primero del proyecto de ley creado por Florencia Guimaraes García, presentado por la diputada nacional de Unidad Ciudadana Mónica Macha.
De larga trayectoria en el activismo por los derechos de las minorías sexuales y sobreviviente del sistema prostitúyete, Guimaraes García explicó: “Esta ley tiene como objetivo asistir y proteger a toda aquella persona que se encuentra en situación de prostitución, independientemente de su género”.
El proyecto de ley abarca una amplia gama de aspectos y se basa en una fuerte perspectiva en derechos humanos. Pretende además, ser una herramienta para el Estado que permita enmarcar un trabajo serio en la recuperación de victimas del sistema prostituyente.
“Nuestro país es abolicionista, está establecido en la Constitución nacional, también ha firmado tratados internacionales para erradicar la prostitución y para proteger a toda persona que esté en esta situación pero nunca se ha cumplido. Nunca ha habido herramientas concretas y reales a la hora asistir a una persona quiera salir de la prostitución”, criticó la autora del proyecto.
Según explicó, en la actualidad el Estado solo implementa la designación de “algún subsidio precario” pero la complejidad del problema requiere de la puesta en marcha de programas que aborden de manera integral las necesidades de quienes deseen dejar de ejercer la prostitución.
La amplitud del proyecto de ley elaborado en La Matanza incluye aspectos como el acceso al trabajo, a la educación y a la atención médica integral (física y mental), entre otros. Florencia detalló que informes internacionales determinaron que “los daños psicológicos ocasionados en una persona víctima del sistema prostituyente son similares a los de una persona que vive una guerra”.
En este sentido, la mujer añadió: “Estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La delicada situación que atraviesan personas que tiene como único medio de subsistencia la prostitución requiere de un Estado que este a la altura. “Falta muchísimo porque las instituciones que siguen teniendo un gran componente patriarcal. Necesitamos un abordaje con perspectiva de género, esto es crucial. Hablamos de violaciones, violencia extrema, todo tipo de vejaciones. Entonces, es algo que hay que tomar con muchísima seriedad”, dijo Guimaraes García al respecto.
La Matanza, tierra de lucha
“Estamos muy organizadas en el territorio matancero. Tenemos la Casa de Diana y Loahana, un espacio muy necesario y que es uno de los primeros no solo a nivel local sino provincial y nacional. Es un centro de día para la comunidad travesti trans. Un lugar que brinda talleres y capacitaciones, así como también un lugar de contención”, destacó Guimaraes García.
Desde ese espacio también hacen de nexo para la atención en centros de salud y articulan con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) en situaciones de consumo problemático de sustancias psicoactivas. “Venimos haciendo un trabajo muy fuerte en el territorio. Tenemos mucha historia como colectivo y eso se ve en todo lo que venimos encarando”, continuó la creadora del proyecto de ley.
Apenas unos días antes de terminar su mandato, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reglamentó al ley de cupo laboral trans.
“Obviamente vamos a celebrar esta noticia con mucha critica. Fueron más de cuatro años de insistentes pedidos, en los que se nos fueron cientos de compañeras asesinadas, víctimas de travesticidio social y crímenes de odio, sin saber en toda su vida lo que es tener acceso al trabajo”, lamentó la mujer.
No olvidar que fueron cuatro de espera, de cajoneo, de toma la decisión política de implementar esta ley que como colectivo exigimos para que el Estado repare toda la violencia institucional que se ha ejercido en nuestra contra y algo tan simple como tener acceso el derecho de acceso al trabajo.
La ley 1473 se aprobó el 17 de septiembre de 2015 y establece un mínimo del 1 % de los puestos laborales del sector público provincial para personas travestis, transexuales y transgénero. Con su reglamentación, los organismos estatales tienen 90 días para realizar un registro de sus empleados y proceder a incorporar nuevo personal.
La nueva lucha es lograr que la normativa se lleve al campo de lo real para “romper” con la alarmante cifra que indica que el 90 por ciento de la población travesti trans tiene como único medio de subsistencia la prostitución.
Con respecto a la presentación de nuevo proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de vida del colectivo, la activista manifestó: “Esperamos que pase a comisiones rápidamente y que todos aquellos que tienen el poder en sus manos, lo sientan y puedan tener empatía por todas aquellas que todavía estamos en una esquina y somos las olvidadas por el Estado.