EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

El Senado debate el proyecto que devuelve a YPF a control estatal

abril 22, 2012

El Senado debatirá este miércoles el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que prevé la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF, y que declara de «interés público» la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina.

La iniciativa que cuenta con el apoyo de la bancada oficialista y de varios bloques de la oposición, como el radicalismo y el FAP, impulsa además la expropiación de la firma YPF Gas, también controlada por la española Repsol.

 

Los principales bloques de la Cámara alta acordaron que la del miércoles sea una sesión especial cuyo único tema será YPF.

Está previsto que el debate se inicie a las 10 y que finalice cerca de la medianoche, debido a que se aguardan un importantes números de expositores.

 

La decisión de expropiar YPF fue anunciada el lunes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ese mismo día envió el proyecto a la Cámara de Senadores.

 

“El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional», dijo la Presidenta al presentar el proyecto de Ley durante un acto transmitido por cadena nacional.

 

Menos de 24 horas después el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, -ambos designados como interventores de la petrolera- expusieron ante los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles las razones por las cuales se había tomado la decisión de que el control de YPF vuelva a manos del Estado.

 

De Vido aseguró que “el déficit energético de Argentina se encuentra estrechamente asociado a la política desarrollada por el accionista Repsol”, a la que acusó que implementar “un nivel de inversiones insuficiente”.

 

En tanto, Kicillof anticipó que “no les vamos a pagar lo que ellos quieran, esos diez mil millones de dólares” que fijó como precio el presidente del Grupo Repsol, Antonio Brufau.

 

Y agregó que “estamos en condiciones de decir que los números que hablaban acerca del valor de la compañía, de manera prudente, van a ser revisados a medida que vayamos conociendo los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba”.

 

Durante la segunda jornada plenaria de comisiones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, anunció que se pondría a la firma el proyecto y que no se aceptarían las modificaciones propuestas por el radicalismo y por el FAP.

 

Esas fuerzas, que anunciaron que votarán en general la iniciativa, proponen una revisión integral de la política energética de la Argentina.

 

Asimismo, Fernández también adelantó que además de YPF se iba a expropiar la firma YPF Gas, cuyo 85 por ciento del paquete accionario está en manos de Repsol. YPF Gas es la principal proveedora de gas en garrafas del país.

 

Esta última decisión será agregada durante el debate del miércoles, debido a que el proyecto que recibió dictamen el jueves pasado no lo tiene incluido.

 

La iniciativa declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta».

 

Las acciones sujetas a expropiación se distribuirán del siguiente modo: «un 51 por ciento pertenecerá al Estado Nacional y el 49 por ciento restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)».

 

«La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación, que efectúe el Estado nacional a favor de los Estados provinciales integrantes de la OFEPHI, contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones», precisa uno de los artículos de la iniciativa.

 

Fuente: Télam

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