El Gobierno español anunció este viernes un paquete de medidas con las que implementará el profundo ajuste que exige la Unión Europea, entre las que se encuentran el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, un recorte de 8.900 millones de euros y una suba «temporal» de impuestos por dos años.
El anuncio fue hecho por la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo conservador, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el segundo consejo de ministros del gobierno, y justificado por la herencia recibida que, según denunció, es más pesada de lo que imaginaba ya que el déficit público se disparó al 8% en el cierre del año.
«No se preveía este desfase presupuestario, por eso este gobierno se ve obligado a tomar medidas que no habría tomado en otras circunstancias», dijo.
Sáenz de Santamaría anunció que el nuevo Ejecutivo se encontró con un desvío presupuestario muy superior al previsto y que situó en el entorno del 8%, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero había establecido que sería del 6% para 2011, informó la agencia de noticias DPA.
«El Gobierno no va a tener la menor vacilación para afrontar esta situación», enfatizó, aunque anticipó que va a obligar a «tomar decisiones extraordinarias y no previstas».
Antes de detallar esas medidas extraordinarias, Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno busca «salvaguardar a los más débiles», y dado que «no podemos pedir sacrificios a quienes no pueden dar más», van a «actualizar las pensiones un 1%».
Asimismo y según da cuenta también el diario El Mundo en su edición digital, se mantienen íntegramente las prestaciones por desempleo y se prorrogan a partir de febrero los 400 euros a los desocupados que finalizaron su prestación.
La funcionaria puntualizó que el Gobierno «no tenía previsto» aplicar estas medidas de ajuste, pero que la situación lo obligó a hacerlo. Entre ellas, «una suba temporal de determinados impuestos» durante un periodo de dos años.
La suba será progresiva: de un 0,75% para el primer nivel de renta, hasta alcanzar un 7% para la base liquidable de 300.000 euros.
También se aprobó un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dos próximos años que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio.
Del mismo modo, el Gobierno extendió a todo 2012 el IVA reducido del 4% para la compra de vivienda nueva y recuperó la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010.
Uno de los puntos más conflictivos es el anuncio de que los empleados públicos verán congelado su salario, mientras que se amplía su jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En la administración del Estado se va a reducir un 18% su estructura, lo que traducido significa que puede haber despidos de la plantilla actual.
El gobierno había anunciado ya el pasado miércoles a las centrales obreras que congelará el salario mínimo interprofesional en 2012, con la meta «prioritaria» de reducir el desempleo récord de España del 21,5%, el mayor de toda la Unión Europea (UE).
Las dos principales centrales obreras de España, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), ya anunciaron su rechazo a la medida, y ayer comenzaron plenarios para discutir su línea de acción de aquí en adelante.
«No se preveía este desfase presupuestario y, sin embargo, está encima de la mesa. Por eso, eso este Gobierno se ve obligado a tomar medidas que no habría tomado en otras circunstancias», insistió este viernes Sáenz de Santamaría.
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