La Casa de Auxilio de Ramos Mejía fue sede de las dos audiencias públicas realizadas con el objetivo de que los clientes de telefonía celular sumen sus propuestas, en el marco del proyecto de la “Reglamentación de los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles”, promovida por la Secretaría de Comunicaciones nacional. En tanto, desde esta entidad presentaron las propuestas y reclamos por parte de los usuarios a la autoridad en cuestión.
La Secretaría de Comunicaciones nacional, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, presentó el proyecto de la “Reglamentación de los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles”, y con ello la posibilidad de que los clientes de este servicio pudieran sumar sus propuestas para añadir o modificar lo contemplado en el proyecto.
A través de la página web usatuvoz.gob.ar, la autoridad nacional promovió que los usuarios, gremios, empresas, y asociaciones otorgaran su opinión por medio de una consulta no vinculante. En tanto, desde ese mismo sitio web se puede descargar el Reglamento propuesto. Además, se realizaron foros de participación ciudadana a nivel nacional.
Esta reglamentación viene a reemplazar el «Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles», que está en vigencia desde el año 1997. El objetivo abarcaría la inclusión de nuevas obligaciones y sanciones para las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular. La Autoridad Regulatoria es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y la Autoridad de Aplicación es la Comisión Nacional de Comunicaciones.
A nivel local, se realizaron dos foros en la Casa de Auxilio, ubicada en Av. de Mayo 54 en Ramos Mejía. En ellos participaron usuarios, y miembros de asociaciones de defensa del consumidor. En las reuniones se elaboraron veinte puntos a presentar a la Secretaría de Comunicaciones, pero uno de ellos es el central y del que derivan los demás: la conversión del servicio de telefonía celular como servicio público.
El presidente de la Casa de Auxilio, Arturo Ter Akopian, explicó en diálogo con S!C: “Hemos realizado dos audiencias, y creemos que al público al que podíamos llegar e informar lo hicimos, hemos llegado a juntar casi 400 firmas, de gente que está pidiendo que se modifique el reglamento”, y añadió que “se incluyen entre otras cosas 20 puntos, y el principal es que se convierta en servicio público, y eso hace que las empresas, por ejemplo, para poder aumentar o modificar algunas de sus acciones en el servicio sean controladas por el Estado, como sucede con la telefonía fija, con la electricidad , donde hay un Estado que vigila”.
En este sentido, el Reglamento, tal y como está, define en su artículo 44 que “los precios, los cargos de activación y las prestaciones adicionales correspondientes a los servicios incluidos en el presente reglamento son libres y de exclusiva responsabilidad del Prestador”, aunque “la Autoridad Regulatoria puede por razones de interés público debidamente justificadas, establecer restricciones o disponer alguna autorización previa”.
De acuerdo a lo que expone la Secretaría en el proyecto de reglamentación, Ter Akopian sostiene que “desde la Secretaría de Comunicaciones tienen la buena intención de mejorar el reglamento, pero esos puntos van a funcionar como un placebo porque legitima el accionar de estas empresas”. “No hay una decisión verdadera para modificar la situación”, sostuvo el presidente de la entidad barrial.
En relación a la participación de los ciudadanos en las audiencias, mayormente promovidas por asociaciones civiles y entidades intermedias, “es importante que la gente trate de involucrarse en este tema y haga llegar su voz”, dijo el presidente de la Casa de Auxilio.
“Desde la Casa de Auxilio, como institución barrial hicimos todo lo que pudimos, pero esto es un tema de orden nacional, tendría que haber participado más gente, y ahora va a quedar consolidado un sistema, en el que ellos (por la autoridad nacional) van a decir que se convocó a la ciudadanía, y no lo expresaron”, adelantó Ter Akopian; y agregó: “Como ciudadanos necesitamos que se les pongan límites a estas empresas, no que se realice una formalidad que suponga límites”.