El joven apareció muerto en marzo del 2007 en el calabozo de la comisaría 2º del barrio de San Carlos, Isidro Casanova. Gabriel tenía en ese entonces 21 años, una pareja y un hijo. El discurso policial alegó suicidio, las pericias y el relato de la familia aseguran que fue brutalmente asesinado. Luego de 9 años de lucha, amenazas y un caso plagado de irregularidades, llegó a juicio, pero el tribunal que lo juzgará dejó sin validez pruebas contundentes del caso. Desde la APDH local se admitió que “existen pocas expectativas de este juicio”. Hay cinco policías procesados por el delito “torturas seguida de muerte”.
Por Ángela Tobar
atobar@periodicosic.com.ar
El relato policial aseguró que Gabriel estaba muy alterado y se suicidó dentro de su celda al ahorcarse con un cable, la familia no aceptó ese discurso y luego del velatorio en el que constataron golpes en el cuerpo del joven solicitó una reautopsia, la misma fue determinante, Gabriel Blanco antes de morir fue “brutalmente golpeado”. El joven había sido detenido en la tarde del 1º de marzo de 2007 bajo la acusación de haber cometido un robo y ocho horas después fue llevado sin vida al Hospital Paroissien. Durante el velatorio la familia observó golpes en el rostro de Gabriel y la ausencia de cinco piezas dentales, con esa información más el antecedente de hostigamiento por parte de que algunos efectivos policiales de esa comisaría que presionaban al joven a robar para ellos, consultaron a Pablo Pimentel, titular de la APDH de La Matanza quien acompañó y asesoró desde ese momento a la familia.
Una de las pruebas que complica a los efectivos es la que realizó la Policía Científica con los cables de donde dicen se habría colgado Blanco para suicidarse, los resultados de esa pericia determinaron que los cables se cortaban si recibían la presión de un peso de 50 kilos y Blanco pesaba más de 80 kilogramos, datos que sostienen la premisa de la familia. Otro de los informes que complican a los policías es que las pericias marcaban que una “una persona alterada (como el discurso policial sostiene que estaba Blanco) no podía pasar el cable por donde lo ató para colgarse”. La prueba la hizo un gendarme “emocionalmente equilibrado, que tardó media hora para hacerlo, a pesar de que trabajó con luz, no a oscuras” como teóricamente lo hizo Blanco.
Pablo Pimentel, en diálogo con este medio relató estar “preocupado” ante algunas medidas que ha tomado el TOC Nº5, en cuanto a la anulación de pruebas vitales para el caso, y las calificó de “faltas graves que ponen en peligro que la pérdida de ésta vida quede impune”.
En esta línea, criticó la parcialidad del tribunal al mencionar que la familia, APDH y el mismo TOC habían solicitado que “aparten el tribunal, porque personal del juzgado es familiar de uno de los acusados, pero la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió que siga avanzando en ese juzgado”.
En referencia a la medida adoptada por el TOCNº 5, describió que “toma una medida que perjudica a la familia y a quienes defendemos el caso porque no tuvieron en cuenta la reconstrucción del hecho (realizada en el 2012), prueba fundamental que permite dilucidar la responsabilidad material de este hecho terrible y la reautopsia que es donde se habla de la falta de piezas dentales, quebradura de tabique y demás golpes”.
Finalmente, Pimentel lamentó que la familia y los organismos de Derechos Humanos que acompañan al caso “no” tienen “expectativas de que se haga justicia” y mencionó “estamos muy preocupados, porque después de nueve años de mucho peregrinar, de darle acompañamiento a la familia, hablar con fiscal, pedir que realmente se ocupen llegar así al juicio es lamentable”. En tanto que analizó “cuando un pobre tiene que pedir justicia cuesta el triple que a cualquier persona que esta dentro del sistema, a esta familia le ha costado mucho. El dolor de perder a su hijo”.
El padre de Gabriel Blanco argumentó: “Si mi hijo cometió delito el Estado estaba en obligación de detenerlo ponerlo a disposición de un tribunal y juzgarlo, pero lo que hicieron los policías fue detenerlo, juzgarlo, sentenciarlo y condenarlo a muerte, fingieron un ahorcamiento que está probado que no fue así”.
Arruga y Blanco dos casos visibles dentro de miles ocultos
La APDH sostiene que tanto Arruga como Blanco fueron instigados por la policía a robar para ellos, “liberándoles zonas y aportándoles armas para robar” y sostuvo que es parte de una metodología que “se viene aplicando todavía”. “Policía que recluta a jóvenes para delinquir”.
Lamentablemente, existe una larga lista de denuncias por violencia institucional, policías que hostigan, extorsionan, torturan, secuestran, matan y desaparecen, año tras año con total impunidad a jóvenes, que no casualmente pertenecen a un sector social sumergido en la vulnerabilidad y cubierto de necesidad. Situación que muchas veces es apañada por medio de “la vista gorda” del poder judicial.
Según detalla el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, “debido a la asimétrica relación de poder entre los funcionarios policiales y las víctimas de estas prácticas, no resulta sencillo trazar respuesta ante los atropellos. Cuando las personas perseguidas se atreven a denunciar la persecución policial, suelen producirse represalias que generalmente se presentan bajo la forma de nuevas persecuciones, golpizas, amenazas, agilización de las causas fraguadas, o incluso riesgo de vida”.
Imputados
El TOC 5 será el encargado de juzgar, desde el 16 de marzo, a los policías imputados: el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, acusados por torturas seguidas de muerte, y al comisario inspector Claudio Horacio Hundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos, por encubrimiento
El 23 de febrero de 2013 el Juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictó la prisión preventiva para todos los acusados, quienes apelaron la medida que fue rechazada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de la Matanza. Los policías estuvieron detenidos en penales hasta el 22 de diciembre del 2015, cuando los integrantes del TOC 5 les otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria mientras esperan el juicio.
Dato
En octubre del 2009, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pablo Pimentel, denunció el modus operandi de algunos miembros de la policía que se adentraban a los barrios humildes y “conociendo la vida de algunos jóvenes, los incentivaban a que roben para ellos, asegurándole zonas liberadas, el aporte de armas. El argumento es que esa actividad les cambiará su forma de vida”. Pimentel, sostiene que un sector policial apunta a jóvenes vulnerables que atraviesan problemas de marginalidad y en muchos casos se le suma el estado de adicción, como en el caso de Gabriel Blanco. Agravado por la vinculación de parte de la policía, del poder judicial y del poder político, cómplices sin los cuales sería imposible actuar.
Esta denuncia, a pesar de ser acompañada ante la justicia por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, no prosperó y se encuentra archivada en algún cajón.