Funcionarios del Juzgado Federal de Morón, de la Administración de Bienes del Estado (AABE), miembros del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) y personal del Municipio de La Matanza llevaron a cabo una inspección que tuvo como fin mapear y delimitar la zona. El objetivo es investigar la presunta estafa inmobiliaria y resguardar lo que queda de territorio ancestral querandí.
Los funcionarios de la Justicia Federal de Morón, de la Administración de Bienes del Estado (AABE) del Municipio de La Matanza y miembros del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) realizaron en conjunto una inspección en el sitio Tres Ombúes, ubicado en el Yacimiento Arqueológico Ezeiza lll, espacio delimitado por la autopista Teniente General Pablo Richieri, Ruta Provincial Nro. 4 (o Camino de Cintura) y el Río de La Matanza, en la localidad de Ciudad Evita.
Estas tierras vienen siendo foco conflicto entre las organizaciones que bregan por la protección del lugar debido a que allí se encentran valiosísimos restos arqueológicos de pueblos originarios que habitaron lo que hoy es el partido de La Matanza y particulares que han hecho negocios inmobiliarios irregulares en la zona.
Junto a personal de la Policía Federal Gendarmería, los funcionarios judiciales realizaron registros con drones, necesarios para mapear y delimitar el territorio. En el recorrido, pudo observarse que gran parte del sitio ha sido destruido. “En el lugar donde está el cementerio, hay casas construidas y tierra removida”, explicaron desde el colectivo Tres Ombúes, sobre una de las zonas que más restos arqueológicos presentaba y fue arrasada.
Además, desde la organización contaron a través de un escrito que “al finalizar el recorrido, se aproximaron vecinos que explicaron sus motivos por la construcción, la mayoría aseguró desconocer que el lugar debía ser cuidado y que fueron engañados en la compra de los terrenos”.
En este sentido, desde la Comunidad Tres Ombúes “se transmitió a los vecinos y a los funcionarios que nuestra intención no es el desalojo o que se violente a las familias, sino que se investigue y haga responsables a los estafadores por el negocio inmobiliario que hicieron sobre el territorio sagrado”.
El objetivo es llegar a la resolución del conflicto a través del dialogo y el respeto a las familias que, presuntamente estafados, construyeron sus viviendas en el sitio arqueológico. “El testimonio de los vecinos será fundamental para continuar con la investigación que dé con los culpables”, remarcaron.
Será la Justicia la encargada de delimitar la zona urbanizada y la zona que aún puede preservarse en territorio ancestral. “Como comunidad consideramos un significativo avance la presencia de los funcionarios porque hasta ahora el Estado no se había hecho presente con firmeza para dimensionar y caminar por el espacio que aún queda por resguardar”, concluyeron.