La cooperativa Silvia Rivera es el proyecto que se encuentra estancado desde hace tres años por falta de decisiones políticas en el plano local.
Por Ángela Tobar
Este espacio de trabajo formal para el sector transexual, travesti y transgénero cuenta con todas las maquinarias y personal capacitado para desarrollar un trabajo dentro del Distrito. Pero la falta de un espacio físico impide que esa iniciativa pueda concretarse. Los pedidos de audiencia con el intendente Fernando Espinoza nunca fueron escuchados.
Los derechos de las personas deben ser respetados independientemente de su inclinación sexual y el acceso al trabajo formal es uno de los derechos fundamentales. En La Matanza el sector de personas transexuales, travestis y transgénero no logra que las decisiones políticas efectivas les permita ingresar al trabajo formal.
La primera cooperativa integrada por personas trans del Distrito se llama Silvia Rivera, apunta a la gastronomía y al servicio de catering. Se encuentra inscripta, registrada y cuenta con la matrícula necesaria para empezar a funcionar, las personas están listas para trabajar, pero la falta de un espacio físico les impide avanzar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Alicia Kirchner, se entregó toda la maquinaria necesaria para poner en funcionamiento el servicio, solo falta que el Municipio les allane el camino para lograr conseguir un local en el cual instalarse.
Diana Sacayan líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y titular de la organización explicó que la misma “está conformada por 35 personas travestis, en tanto otras 120 están en lista de espera”.
Esta iniciativa es una alternativa importante para el sector trans del Distrito que encuentra cómo única opción laboral ejercer la prostitución, y este trabajo se encuentra detenido por falta de decisión política favorable para la población travesti.
La activista aseguró que no están dispuestas “a detener la marcha”. La fuerza para exigir que sus derechos sean reconocidos y respetados es el motor que las impulsa a seguir apelando a todos los Estados para que creen políticas públicas que beneficien a este sector poblacional. “Hay que entender que somos personas y como tal somos sujetos de derecho”, especificó.
El año pasado las integrantes de la cooperativa enviaron una carta al intendente Fernando Espinoza, con el fin de solicitar una entrevista para presentarle una serie de consideraciones sobre la situación de la comunidad travesti transexual y transgénero, pero nunca fueron atendidas.
En esta línea Diana Sacayan sentenció que la ausencia de decisiones políticas en La Matanza “retrasan la posibilidad de dar oportunidad de trabajo a una población vulnerable y existe una negación absoluta por parte de las autoridades locales en relación a este tema”.
“El respeto por los derechos humanos es una política que se enmarca dentro del proyecto nacional y se ve una gran diferencia acá en La Matanza, donde encontramos algunos funcionarios que al parecer nada tienen que ver con esta construcción de un nuevo país”, opinó.
Finalmente, cuestionó que al Municipio, al parecer, “le asusta la palabra travesti” y apuntó que “no se puede pensar una gestión pública sin la inclusión de distintas poblaciones”.
Convenio de capacitación
Sacayan adelantó que el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Secretaría de Empleo, con su titular Enrique Deibe, firmó un convenio con representantes de la comunidad trans con el objetivo de reconocer la labor que vienen desarrollando “para que los programas de la Secretaría de Empleo también puedan ser accesibles para las personas trans”.
En septiembre del año 2011, Sacayan fue una de las impulsoras del encuentro “Travestis, transexuales y transgéneros: economía social y acceso al empleo: por el derecho a una identidad de género plena con trabajo digno”, que realizó la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y esa iniciativa logró que se realice la firma de un convenio que facilita a las personas travestis el acceso al trabajo formal.
“La idea es que 90 compañeras puedan tomar un curso de formación profesional y una vez capacitadas se le entregará una contraprestación económica y la posibilidad de que puedan presentar un proyecto y tener la oportunidad de empezar a trabajar”, celebró Sacayan.
Además remarcó que este es el “convenio más importante y busca el desarrollo de políticas de inclusión para el colectivo travesti y transgénero”. Del total de las personas que comenzarán el curso, que durará cinco meses, 30 serán de La Matanza.
Otras deficiencias políticas que perjudican al sector
Hace cuatro años el Municipio de La Matanza cuenta con la ordenanza que obliga a todos los hospitales provinciales del Distrito a llamar a las personas trans por su nombre adoptivo independientemente al que sale en su Documento Nacional de Identidad.
Esta medida, que busca garantizar el derecho a la identidad de género y erradicar situaciones de discriminación frente a pacientes trans, de los cuales “el 40 por ciento evita ir al hospital por vergüenza”, según detalló un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad de Travestis y Transexuales (ALITT).
Pero, esta medida no logra encontrar el camino para funcionar dentro del Distrito, “nunca habilitaron el sistema de software para incorporar los datos, nunca se llevaron a cabo las campañas y talleres de capacitación y sensibilización”, lamentó Sacayan.
Datos
En Argentina, la expectativa de vida de las personas travestis/transexuales es de 32 a 35 años y el 34 por ciento de esta comunidad padece VIH/SIDA. Las cifras dan cuentan de la desigualdad social con el resto de la población, donde la expectativa de vida alcanza los 80 años y la incidencia del VIH/SIDA es menor al uno por ciento en el total de la población, mientras que el 95 por ciento vive de la prostitución, el 64 por ciento no terminó sus estudios primarios, el 84 por ciento no llegó a la secundaria y solo el tres por ciento tiene estudios terciarios realizados, según desglosó un informe del Ministerio de Salud de La Nación.