EN DEFENSA DE LOS DERECHOS

Silvia Caprino participó de la mesa de trabajo para controlar que se paguen las pensiones por discapacidad

junio 28, 2017

El pedido se suma a los realizados por la Defensoría del Pueblo respecto a la conformación de un padrón único y público que agrupe a los beneficiarios de las pensiones, que debe respetar lo que estipula la Ley de Protección de Datos Personales, para poder revisar todos los casos.

La semana pasada se realizó una mesa de trabajo tripartita integrada por las Defensorías del Pueblo de todo el país, las asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y el Ministerio de Desarrollo de la Nación a cargo de Carolina Stanley, con el fin de que se traten las asignaciones que habían sido suspendidas por el Poder Ejecutivo y finalmente debieron ser restablecidas, el trabajo de los defensores es realizar un seguimiento a los pagos acordados.

Las partes se comprometieron a volver a reunirse esta semana, con el objetivo de avanzar en la elaboración del texto y en brindar soluciones a aquellos casos en los cuales la pensión no fue restituida.

En este marco, Periódico SIC dialogó con una de las partes de esa mesa de trabajo, la defensora del Pueblo de La Matanza Silvia Caprino quien detalló, “los defensores quedamos en juntarnos este jueves, para exigir que las personas que sufrieron la suspensión del pago de sus pensiones empiecen y cobrar y desde las distintas defensorías vamos a hacer un seguimiento del cobro”.

Además, marcó que “en La Matanza llamamos a varios afectados y ya habían comenzado a cobrar, pero más allá de eso, debemos plantear que se debe rever los requisitos para tener pensiones, porque los porcentajes de discapacidad que  se fijan  son muy altos y no se toman en cuenta otra situación socioeconómica con las que viven las personas discapacitadas. Desde el Ministerio dijeron que están haciendo un decreto nuevo donde se tome la discapacidad desde una cuestión más socioambiental, más allá de las cuestiones físicas, nos van a pedir opinión para el armado de este decreto”. Con respecto a la cantidad de casos registrados en el Distrito, aclaró: “En La Matanza existieron varias consultas en este tema, y nosotros en cuanto tuvimos el primer alerta tuvimos la primera reunión con la gente de pensiones no contributivas y después suspendieron el decreto y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días”.

“No es una cuestión asistencial si no una cuestión de derechos”

Sobre las distintas declaraciones realizadas por diversos funcionarios del gobierno de cambiemos y que apuntaban a estigmatizar a las personas que viven con una capacidad especial, opinó “se lo hemos dicho claramente, las personas con discapacidad merecen respeto y es cierto que muchas personas podrían trabajar, pero el trabajo que podrían tener es el trabajo que  acompañaría a tener una buena vida”, y recordó que “ la Convención de Derecho de las Personas Discapacitadas marca claramente que la persona discapacitada tienen un derecho a que el Estado los resguarde y preserve, más allá de si trabaja o no trabaja, por lo tanto no es una cuestión asistencial sino una cuestión de derechos”. “Y deben tener en cuenta esta situación en los decretos, y este decreto era incompatible, inconstitucional y no podían ponerse en vigencia y en función de eso fueron atrás y lo  suspendieron y van a redactar otro, junto a nuestra colaboración”, remarcó. “Trabajamos para que no se realice ninguna situación de injusticia y más con gente que tiene suficiente con los problemas de salud y de todo tipo como para tener que soportar estas cosas que son cuestiones espantosas que no tienen porque vivir”, finalizó.

Presentes

Junto al Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) estuvieron presentes la defensora del Pueblo de la Matanza, Silvia Caprino; la defensora del Pueblo adjunta María América González; el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino; el Director de Discapacidad de la Defensoría de Santa Fe, Facundo Vidal Valls; la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Humanos y Seguridad de la Defensoría, Florencia Kravetz; la titular de Unidad de Política Institucional de la institución, Dolores Gandulfo; abogados de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y representantes de asociaciones civiles que defienden los derechos de personas con discapacidad. Durante el encuentro, el ombudsman porteño confirmó que se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas que se adeudaban.

Solicitud

Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que se informe de forma fehaciente a quiénes se les ha restituido el cobro del beneficio.  Al mismo tiempo, se difundió el proyecto de decreto que plantea la derogación del DNU 432/97 sobre el que se asentó el recorte de las pensiones por discapacidad. El pedido se suma a los realizados por la Defensoría del Pueblo respecto a la conformación de un padrón único y público que agrupe a los beneficiarios de las pensiones, que debe respetar lo que estipula la Ley de Protección de Datos Personales, para poder revisar todos los casos.

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