La sala de feria de la Cámara Federal de Casación resolverá si concede el arresto domiciliario a la ex directora general adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control de la ciudad de Buenos Aires, Ana María Fernández.
Fue condenada a tres años y seis meses de prisión por la tragedia de Cromañón, y pidió ese beneficio por ser madre de un bebé de pocos meses.
La funcionaria pidió ese beneficio por ser madre de un bebé de pocos meses
Los camaristas escucharon el pasado jueves en una audiencia al abogado de la ex funcionaria, Oscar Vignale, a la asesoría de menores, a la Procuración del Servicio Penitenciario y a la fiscalía y luego anunciaron una decisión para hoy a las 13.
Fernández cumple su pena de prisión en el sector para mujeres con hijos de la cárcel de Ezeiza desde que el máximo tribunal penal del país ordenó que se efectivicen las condenas impuestas a todos los juzgados por el incendio de la disco del barrio de Once durante un recital del grupo Callejeros.
La ex funcionaria porteña había pedido el arresto domiciliario en primera instancia pero le fue negado por considerarse que el bebé podía quedar a cargo de su pareja, Gabriela Aguad, con quien tiene un hijo en comaternidad.
Pero su abogado explicó que la pareja legal de Fernández trabaja para mantener a la familia y que quien cumplía el rol de madre «gestante» es Fernández, quien actualmente está presa con la criatura a la que todavía amamanta.
El pequeño, se argumentó, nació con un cuadro de «bronquiolitis severo» y por eso se considera que la cárcel «no es el lugar más apropiado» para su crianza, lo cual los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Angela Ledesma resolverán hoy.
Sobre la situación de Fernández, días atrás el INADI consideró que es «discriminatoria» la decisión del Tribunal Oral Criminal 24 que no le concedió la prisión domiciliaria argumentando que existe otra madre que puede ocuparse de la atención del pequeño.
Para el organismo, «tal interpretación da cuenta de una conducta discriminatoria y un claro desconocimiento sobre los roles de género en una relación de pareja, que nada tiene que ver con el sexo biológico de quienes integran dicha relación».
«Obviar que Fernández es quien ha dado a luz al niño, quien lo amamanta y suponer que su rol materno puede indistintamente ser cubierto por la denunciante, resulta un acto discriminatorio» en perjuicio no solo de la pareja sino «principalmente del niño», argumentó el INADI en un escrito firmado por la asesora legal del organismo, Virginia Giménez
Además, el organismo destacó que la prisión domiciliaria no implica la libertad de la persona. «Solo supone una forma alternativa del cumplimiento de la pena acorde con las necesidades del niño que no debe sufrir las consecuencias de la sanción penal impuesta a su madre», dice.
A la par del dictamen del organismo contra la discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el abogado de la ex funcionaria, Oscar Vignale, con el respaldo de la Asesoría de menores y la Procuración del Servicio Penitenciario, hizo el miércoles pasado un pedido formal de arresto domiciliario ante la sala de feria de la Cámara Federal de Casación, que resolverá hoy si concede el beneficio.