Se trata de la Asociación Civil “A 12 Pasos”, lugar en el que una adolescente de 16 años fue víctima de un delito sexual. El hecho fue comprobado y la Justicia condenó al acusado a 9 años de prisión. Sin embargo, sobre el lugar no recayó sanción alguna. La familia de la víctima, denunció que el espacio “no está habilitado”.
“El 17 de mayo de 2019 se condenó al violador de mi hija a 9 años de prisión, sin poder salir ni siquiera por buen comportamiento, porque es reincidente. Después de noches sin dormir, de llantos, de peleas, se hizo justicia. Pero hay algo que me duele y me molesta: las puertas de ese lugar continúan abiertas”, manifestó María José Dri, madre de Camila, una adolescente que fue víctima de un delito sexual mientras permanecía internada en el Centro de Rehabilitación “A 12 Pasos, Nuevo Amanecer”.
Y es que a pesar de haberse comprobado el aberrante hecho que ocurrió en el centro de rehabilitación, ubicado en Perito Moreno 4651, de Villa Luzuriaga, sobre el lugar no recayó pena alguna. Sigue funcionando “como si nada hubiese pasado”.
“A 12 Pasos” forma parte de una red de instituciones, que cuenta con otras dos sedes. Una ubicada en General Conesa 249, de Ramos Mejía, y otra en República de Chile 2970, en la localidad de San Justo.
“El lugar no está habilitado por la Secretaria de Salud de la provincia, que es la responsable de habilitar geriátricos y comunidades terapéuticas”, aseguró María José Dri, quien además contó: “mil veces llamé, denuncié y pregunté por qué no lo clausuran. ‘Tienen que ir los inspectores’ me dijeron. La verdad es que ya pasó un año y nadie fue. Es algo que no se puede creer”.
Si bien la madre de la victima manifestó estar “cansada” de no obtener respuestas de la Justicia, aseguró que no cesará en su lucha porque “a mi hija la marcaron. Hoy Camila está bien pero fue muy duro. Con la ayuda de toda su familia pudo salir”.
Otra paciente del centro de rehabilitación había denunciado a Balberde por abuso, pero la causa no prosperó. “Sé que la otra familia bajó los brazos, porque se cansaron de que le den tantas vueltas”, contó Dri.
“Era un adicto en recuperación y no lo sabíamos”
“Es un paciente que actualmente se encuentra en estado de consumo. De ninguna manera forma parte ni como coordinador, ni cumple otra función en el centro de rehabilitación”, había declarado Laura Menchaca, propietaria del lugar, ante la Justicia.
Sebastián Menchaca, director de la entidad y hermano de la propietaria, sostuvo el mismo relato. “Asistía a los centros a colaborar muchas veces como se acostumbra respecto de los pacientes que están más avanzados en el tratamiento”, dijo.
Pero el testimonio de otra paciente que consta en la causa judicial, desmiente rotundamente esta versión. “Él era el que quedaba a cargo de la casa cuando la directora no estaba, él manejaba la parte del staff, la medicación, si llegaba alguien para internarse, se ocupaba de los talleres, de todos los internados”, declaró Débora, paciente del centro de rehabilitación.
“Este tipo supuestamente era un psicólogo (así lo presentaron) y no era nada, era un adicto en recuperación y nosotros no lo sabíamos. Ni un médico tienen ahí”, dijo indignada la mujer.
En esta línea, María José pidió: “ayudemos a nuestros hijos una comunidad, que esté compuesta por psicólogos, psiquiatras, médicos, no por operadores que también son víctimas de sus propias adicciones. Este lugar y todos los que no están capacitados para ayudar a nuestros hijos y permiten que cualquiera los cuiden, tienen que ser cerrados”.
Una vez conocida la sentencia, la mamá de Camila expresó: “por primera vez siento dentro de mí, un hilo de verdadera esperanza en que se haga justicia en esta tierra. Mi lucha fue constante, pedí justicia, hable con concejales, diputados y nada, siguen abriendo mas lugares y nosotros como papas desesperados confiamos en ellos, caemos en su propia trampa”.
Una pesadilla
María José Dri había llegado a la Asociación Civil “A 12 Pasos”, una institución dedicada al tratamiento de adicciones y patologías asociadas, buscando ayuda para su hija de 16 años. La menor quedó internada en el lugar el 2 de mayo de 2018 y apenas unos días después, vivió una pesadilla.
Si bien en un principio la mujer había quedado conforme con la oferta terapéutica del lugar, no tardó mucho en comenzar a intuir que algo no estaba funcionando bien.
Al notar cierto “descuido por parte de los profesionales y formas de manejo del lugar”, el 14 de mayo, María José Dri retiró a su hija de la institución, notando a la joven muy angustiada.
Según el relato de la mujer, dos días después de interrumpir la internación de la menor, uno de los coordinadores del lugar, llamado Javier Balberde, se presentó en su domicilio con la excusa de brindar direcciones de grupos de Narcóticos Anónimos.
Durante esa visita, Dri se percató de que Balberde hablaba con su hija “en un tono bajo”, mientras que a la joven se la veía “incómoda y nerviosa”. La situación se tornó más tensa aún, cuando la mujer notó que el joven que se había presentado en su domicilio estaba armado, pero no reaccionó y esperó a que el sujeto se retire de su casa.
Fue luego de ese episodio, que su hija le contó que había sido violada durante su estadía en el centro de rehabilitación y el agresor era el coordinador que acaba de irse de su casa, a la cual había llegado con el objetivo de amenazarla de muerte. Tras escuchar el calvario atravesado por su hija, la familia realizó la denuncia correspondiente.
El proceso judicial se extendió durante un año y Javier Balberde fue condenado a 9 años de prisión, “con declaración de reincidencia en orden a los delitos de abuso con acceso carnal por la calidad de guardador del sujeto activo y amenazas agravadas por el uso de armas”.
Si bien se creía que la causa llegaba de esta manera a su fin porque se había acordado resolverá en un juicio abreviado, en el que el acusado aceptaba los 9 años de prisión. De hecho, el acusado iba a cumplir la condena en su provincia natal, Tucumán.
Sin embargo, la defensa apeló la sentencia del juicio abreviado y se continuará en un juicio oral para el cual aún no hay una fecha establecida.
En tanto Balberde seguirá en prisión y la fiscal pedirá una pena mayor, “ya que entre las partes se había llegado a un acuerdo que no se cumplió”, explicó Dri.
