Si bien la causa del asesinato del chofer de la línea 620 en el barrio San Pedro de Virrey del Pino avanza, se necesitan las declaraciones de más personas que hayan presenciado el hecho o puedan aportar datos. Con volanteadas en colectivos y una marcha pacífica, familiares y amigos del joven de 26 años, piden ayuda.
A dos meses del asesinato de Leandro Alcaraz, su familia se puso al frente de la búsqueda de testigos del terrible hecho, que tuvo lugar el domingo 15 de abril en el barrio San Pedro, cuando el joven fue atacado a tiros por un hombre que esperó en la parada, en complicidad con uno de los pasajeros.
Si bien la causa cuenta con dos detenidos con prisión preventiva, es necesario el aporte de cualquier dato que ayude a esclarecer el hecho y determinar la culpabilidad de los imputados. “Se investiga si existió la participación de una tercera persona, ya que hay líneas de investigación que todavía no se han cerrado”, explicó Walter Fidalgo, abogado de la familia a través del patrocinio gratuito brindado por el Colegio de Abogados de La Matanza.
Por el crimen de Alcaraz, están detenidos Jonathan Acevedo, de 18 años, y Juan Alfonzo Gauto, de 24 y de nacionalidad paraguaya, imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego”. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías de La Matanza, Rubén Ochipinti.
Asímismo, la determinación del magistrado coincidió con la imputación planteada por el fiscal Emilio Spatafora, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de La Matanza, que también solicitó la prisión preventiva para ambos.
“Gauto es la persona que viajaba en el colectivo y llamó por teléfono para que lo esperen en la parada del colectivo. Acevedo es la persona que lo esperó y disparó. Es el autor material del hecho”, detalló el letrado.
Ambos detenidos fueron reconocidos por los pasajeros que prestaron testimonio y vecinos del barrio que los vieron huir del lugar del hecho con el arma en la mano. Además, tras haber declarado que no se conocía, las pericias determinaron que hubo contacto telefónico entre ellos durante ese día.
Además, Acevedo y Gauto quedaron procesados por el “robo agravado” a una mujer que circulaba por la zona y a la que le sustrajeron su teléfono celular cuando escapaban de la escena del crimen.
Según el letrado, las pruebas que se recolectaron hasta el momento son suficientes para la dictar prisión preventiva y de esta manera, la causa está avanzando. Sin embargo, continúa la necesidad de testigos que sumen su testimonio.
“No vamos a cansarnos de pedir a aquellos testigos que no lo hicieron, que se presenten a dar su declaración. No vamos a cansarnos de exigir justicia”, manifestó Jacqueline Alcaraz, hermana de Leandro a través de las redes sociales.
Con este objetivo, el jueves 7 de junio, la joven llevó a cabo una volanteada en unidades de la línea 620 que realizan el mismo recorrido que Leandro el día de su asesinato, esperando llegar a alguna persona que haya estado en el lugar del hecho el 15 de abril último.
“Se necesitan estos testimonios para que la causa sea más fuerte. Hay testigos que no pudieron ser ubicados y más personas que estaban en la parada que no se presentaron. Todo lo que puedan aportar es importante”, remarcó el letrado.
Con el mismo fin, el 16 de junio la familia realizó una marcha desde el kilómetro 38 de la Ruta Nacional N°3, hasta el lugar del asesinato del joven, que ocurrió en la calle Santiago Bueras y Concordia, en el barrio San Pedro de Virrey del Pino.
“Asistimos al lugar del hecho para hacer saber a los testigos, que no se presentaron a declarar aún, que es indispensable su declaración y que cuentan con nuestro apoyo; teniendo en cuenta que serán testigos anónimos y recompensados”, explicó la familia a través de un comunicado.
En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ofrece una recompensa de entre 300.000 y 500.000 mil pesos para quienes brinden información que permita esclarecer el crimen de Leandro Alcaraz. Según se aclaró, el monto de la recompensa será de acuerdo a los aportes que se brinden para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Las personas que así lo deseen podrán aportar información con reserva de identidad y lo deberán hacer ante los Fiscales Generales de la Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense.
“Personalmente, creo que alcanzan los elementos para elevar la cusa a juicio oral. De todas maneras hay otras líneas de investigación que deben cerrarse. Y sabremos si son las únicas dos personas, o hay más involucrados”, manifestó el asesor letrado de la familia Alcaraz. Además, Fidalgo aseguró que los potenciales testigos “no hablan por miedo”, debido a que ambos detenidos tienen “vinculación con el narcotráfico”
El asesinato de Leandro fue cometido cerca de las 18 del domingo 15 de abril último, cuando conducía el interno 103 de línea 620 y al llegar a la parada situada en Santiago Bueras y Concordia, fue atacado a tiros. Recibió un disparo en el tórax y otro en el cráneo.
Según pudo reconstruirse, Alcaraz había mantenido una discusión con un pasajero porque no tenía carga en la tarjeta SUBE y este llamó a otro sujeto para que espere en la parada y ataque al joven.
El brutal crimen impacto en la comunidad, hubo un masivo acompañamiento a la familia y los trabajadores de las líneas de colectivos de la provincia de Buenos Aires, suspendieron el transporte de pasajeros por 48 horas.
Los chóferes, pusieron de manifiesto los constantes hechos violentos a los que están expuestos durante las jornadas de trabajo y exigieron que se apliquen medidas que garanticen su seguridad.
Una ley incumplida
Fue a finales de 2016, que se aprobó en la Legislatura bonaerense la ley 14.897, normativa que establece que “las unidades de transporte colectivo de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires deben contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes”.
La normativa reglamentada en febrero de 2017 indica además, que “el incumplimiento de la presente normativa acarrea la inhabilitación para la circulación de las unidades”.
Luego del crimen de Leandro Alcaraz, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, informó que el Banco Provincia otorgaría créditos blandos para “que a partir del día lunes todos los colectivos que trabajen de noche tengan cámaras”.
En esa oportunidad, el funcionario afirmó que los 9.000 colectivos de la Provincia contarían con sistemas de cámaras en un plazo de 180 días. “Hasta el momento, no tuvimos novedades sobre las cámaras de seguridad y los botones antipánicos. Hay muchas promesas, pero no tenemos ninguna información”, dijo Antonio Petkovsek, delegado de la línea 620.
Tras el crimen de Alcaraz, las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar controles de pasajeros en las rutas. “Creemos que los controles sirven, aunque el temor sigue”, señaló el delgado gremial.
Petkovsek además manifestó que las medidas de seguridad implementadas continúan y ayudan a “llevar tranquilidad a los trabajadores”, aunque señalo que “la solución es mucho más integral y llevará mucho tiempo”.