Este año se iniciaron procesos judiciales por los crímenes ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la Brigada de San Justo, la Brigada Güemes y por la represión en el Regimiento III de la Tablada. “Es un reflejo de lo que se logra a través de la lucha de las organizaciones, señaló Eva Soto, integrante de H.I.J.O.S. La Matanza.
El retroceso en políticas de Derechos Humanos, es una de las características endilgadas al Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri. “Esto sucede en un amplio sentido, desde lo que involucra a leyes reparatorias, hasta señalización de sitios de memoria (en referencia a los lugares en los que ocurrieron sucesos relacionados con la dictadura militar)”, dijo María Eva Soto, integrante de H.I.J.O.S. La Matanza.
“Y la verdad que lo único que se sostienen en este contexto, son estos juicios que se llevan adelante”, añadió Soto, aunque advirtió: “más allá de eso tenemos Tribunales y Juzgados que son funcionales a este Gobierno”. Uno de los procesos que se desarrolló este año, fue el juicio por los crímenes ocurridos en el CCD “Cuatrerismo-Brigada Güemes”, ubicado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, en Ciudad Evita, y que se conoce como Puente 12, por encontrarse en esa zona. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 y se propuso juzgar los delitos cometidos con contra 125 víctimas, de las cuales 64 continúan desaparecidas, entre noviembre de 1975 y febrero de 1977 en La Matanza y Esteban Echeverría.
La sentencia se conoció en octubre y de los 9 imputados sólo 5 recibieron condena, uno de ellos, fue el ex director de inteligencia de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Los otros 4 fueron absueltos.“La sentencia fue lamentable, porque se toma como chivo expiatorio a Etchecolatz, a quien condenan a perpetua, pero absuelven a otros genocidas. Las acusaciones a estos policías, involucraban delitos sexuales. Se iba a sentar un precedente importante, porque los abusos eran una forma de tortura y no se ha hablado mucho del tema”, lamentó Soto. Los ex policías absueltos en este proceso son José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, subinspectores de la Dirección General de Investigaciones de la policía provincial; y los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza, Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino.Con este antecedente, Soto mostró preocupación por lo que puede ocurrir en la sentencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Brigada de San Justo, entre marzo de 1976 y agosto de 1978, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.
“Estamos ante un Tribunal que concedió prisiones domiciliarias a genocidas y dio el visto bueno al intento de implementación del 2 x 1, de manera que tenemos que estar muy atentos”, advirtió. En tanto este proceso judicial, que incluye 84 de estos casos, de los cuales 31 corresponden a personas detenidas-desaparecidas, comenzó en agosto de este año. Se estima que llegará a su fin a mediados de 2019. En este lapso, se establecerá la culpabilidad de 21 represores. “Al momento los testigos han aportados una gran cantidad de datos. Esperamos que el resultado sea diferente al de Puente 12”, manifestó la titular de la subsecretaria de DDHH local.
Deudas pendientes
Hija de Delfor Santos Soto, concejal de La Matanza secuestrado en 1975 y que aún continúa desaparecido, la integrante de H.I.J.O.S La Matanza será parte de la querella de una nueva etapa judicial que iniciará el próximo año, sobre lo acontecido en el CCD Campo de Mayo en 1977.La familia no se había presentado en la mega causa hasta el momento, pero sí lo hará el próximo año “ya que hubo testigos que ubicaron a Delfor en ese centro de detención clandestino”, explicó María Eva. Delfor Soto militó en el Partido Justicialista local y fue electo concejal en 1973, pero renunció a su banca en 1975 por las amenazas de muerte que recibía. Se vio obligado al exilio, pero también a regresar para ver nacer a su hijo Julián en 1976.En la madrugada del 21 de agosto de ese año, fue arrancado de su hogar por un grupo de tareas. Su casa fue saqueada; se robaron objetos de valor, libros, escritos de su autoría y su máquina de escribir.El destino del escritor no estuvo claro hasta hace 33 años, cuando por testimonio de una sobreviviente, supo que estuvo secuestrado y torturado en el Centro Clandestino de Detención “El Campito”, en Campo de Mayo, durante los últimos meses de 1976, que fue juzgado por un tribunal militar que determinó su “traslado” como destino final. Con el correr de los años, se supo que de esa manera se refería a los “vuelos de la muerte”.
Violación a los DDHH en democracia
En tanto, al cierre de esta edición, comenzaba el primer juicio por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron tras el copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM ) de la Tablada el 23 y 24 de enero de 1989.“Tenemos la oportunidad de juzgar por estas violaciones a los derechos humanos al Gral. Alfredo Arrillaga, quien fuera no solo el responsable máximo del operativo en la Tablada, sino a un histórico represor del pueblo, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos la trágica Noche de las Corbatas”, señalaron a través de un escrito desde la Comisión por verdad y justicia por los crímenes cometidos en la represión de La Tablada.En el escrito, además agregaron: “si bien hoy es el único imputado, los responsables de las desapariciones, los fusilamientos y las torturas son muchos más, incluyendo miembros del ejército, las fuerzas de seguridad, y organismos de inteligencia que intervinieron en el hecho, así como los garantes político-judiciales de la impunidad”.El juicio se desarrollará en el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 los días 10, 12 y 14 de diciembre de 2018; 3, 4, 7, 9, 11, 14 y 15 de enero, y 5 de febrero de 2019. “Son procesos necesarios, son deudas pendientes”, manifestó Soto sobre este juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en democracia. En la misma línea, la mujer agregó: “las organizaciones de Derechos Humanos pujan bastante por esto. Es un reflejo de lo que se logra a través de la lucha y La Matanza necesita cerrar estas instancias judiciales”.