A cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga. La causa principal presentó en las últimas semanas, algunas novedades. El Juez de Garantías, Gustavo Banco resolvió que luego de cuatro años, se deje de buscar al adolescente como si estuviera perdido. En este marco dio a lugar al pedido de federalización de la causa y que sea investigado como «Desaparición Forzada de Persona», ahora resta esperar que la Justicia Federal acepte el cambio de carátula y en caso de no hacerlo, el tema lo decide la Corte Suprema de Justicia.
Por Ángela Tobar
atobar@periodicosic.com.ar
Luciano Arruga se convirtió en el símbolo de lo que la mala policía puede hacer con los pibes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, excluidos del régimen capitalista y de la mirada social. Luciano era uno de esos tantos pibes que intentan entrar a un sistema que los expulsa sistemáticamente, los encasilla, los juzga y los deja en manos de la corrupción. Corrupción que los forma y utiliza a su antojo, para luego expulsarlos nuevamente.
Luciano Arruga, denunció a esa policía corrupta, se negó entrar en un sistema delictivo y lo pagó con su integridad física. Hace cuatro años, fue visto por última vez en el exdestacamento policial de Lomas del Mirador, hace cuatro años la justicia caratuló el caso como averiguación de paradero, cuando las pruebas y testimonios que constan en la causa, demuestran que Luciano, fue detenido de manera ilegal en esa casa y fue salvajemente golpeado, torturado y luego desaparecido, hay ocho efectivos bonaerenses implicados en el caso.
Hace unas semanas surgieron novedades, en la causa principal, el último 9 de enero el juez de Garantías N° 5 Gustavo Banco, dio lugar al pedido de federalización de la causa. Entendiendo que se trata de una desaparición forzada.
Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga, explicó en diálogo con Periódico S!C que “el cambio de carátula se tendría que encuadrar incluso si no va al fuero federal, por que el entendimiento del juez de Garantía es respecto a la desaparición forzada de persona y si el juez de Garantía entiende eso, el encuadramiento penal del caso debe pasar a desaparición forzada de persona independientemente que pase al fuero federal”.
Y sostuvo que “la resolución del juez es clara respecto al encuadramiento dentro del caso desaparición forzada de persona, ahora depende de la Justicia Federal aceptar o no que la carátula cambie y en el caso de que la Justicia Federal no dé lugar al cambio de fuero es una cuestión de competencia y ahí debe ser la Corte la que decida en qué encuadramiento queda la causa y si es o no competencia del fuero federal”.
Este paso se resolverá cuando termine la feria judicial, y el período comenzará el 1º de febrero.
Cabe destacar que la ley 24.321, Desaparición Forzada de personas, en su artículo dos expresa que “a los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada, bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente…”.
Mientras que el último 27 de diciembre, la familia Arruga solicitó el Juicio Político a la primera fiscal del caso, Roxana Castelli porque “entorpeció y desvió la causa durante los primeros 45 días y dejó la investigación en manos de los mismos policías implicados en el caso”.
También se solicitó, nuevamente que intervenga Asuntos Internos de la Policía bonaerense porque los ocho policías que están implicados en la desaparición de Luciano, siguen en funciones dentro de otras dependencias policiales. (NdeR: El Ministerio de Justicia y Seguridad Bonaerense, anunció el 1 de febrero, en el Boletín Oficial el pase a disponibilidad de los 8 policías investigados por la desaparición del adolescente)
“Los ocho policías siguen trabajando en la fuerza. No están imputados en la causa y creemos que hay indicios suficientes para sumar indagatorias que no se han tomado. No ha variado nada, la causa principal sigue igual lo único nuevo es el cambio de carátula”, aclaró Combi.
La otra novedad del caso se registró el último 14 de enero, cuando comenzaron a realizarse tareas probatorias dentro del exdestacamento de Lomas del Mirador, ubicado en Indart 106.
La fiscalía que instruye la búsqueda de Luciano Arruga ordenó una serie de estudios en las instalaciones en las que fue «torturado y desaparecido», con el objetivo de levantar allí rastros del adolescente.
Se trabajó en las instalaciones del exdestacamento y en el patio trasero más grande, donde se revisó con un geo-radar para detectar si se removió tierra en algún sitio. Mientras que la posibilidad de una excavación en el destacamento está sujeta a los resultados que arroje el análisis.
El último 8 de enero se efectuó por orden del juez Banco, la detención del oficial Julio Diego Torales, señalado en septiembre del 2008, por Luciano Arruga como quien lo torturó durante una detención, también ilegal. Esa mención escrita fue recogida por la fiscal Celia Cejas, quien confirmó las lesiones con los testimonios de la madre y hermana de Luciano, y el de la médica que lo atendió el 22 de septiembre del 2008, luego de que el adolescente acudiera al policlínico de San Justo, para atenderse las heridas producto de la tortura que recibió durante una detención.
A Torales se le imputa el delito de ‘severidades’ cuando en el mismo relato de la familia queda claro que se trató de torturas. Un delito más grave, que incluye la prisión preventiva y tiene penas de cumplimiento efectivo. El Código Penal establece para las “severidades y vejaciones” penas de uno a cinco años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena recibida. Por torturas, las penas van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios.