El 10 por ciento del territorio matancero está cubierto por tosqueras o suelos degradados. Año tras año crece el número de víctimas que son tragadas por estas trampas mortales. Mientras la absoluta falta de control por parte del Municipio y empresas acentúa el problema que afecta a miles de vecinos. Fuentes consultadas coinciden en que el gran negocio detrás de la extracción de toscas anula todo tipo de control.
Por Ángela Tobar
atobar@periodicosic.com.ar
La extracción de tosca es un negocio que mueve muchos millones y logra evadir toda normativa vigente, “semejante emprendimiento a la vista de todo el mundo, es extraño que los funcionarios no se den cuenta que los empresarios están violando todas las disposiciones”, ironizó Roberto Paladín, vecino de la localidad 20 de Junio que lucha desde el año 1997 contra las tosqueras.
La tosca es un mineral que se utiliza para poner debajo del asfalto y para la fábrica de ladrillos, por ello las empresas explotan los suelos. Negocios millonarios que son favorecidos por leyes poco claras en torno a su comercialización. La falta de control y la vista gorda del Ejecutivo Municipal permiten que la vida de muchas personas esté en constante peligro debido a la contaminación y al fácil acceso a las cavas, que produce cada año por lo menos una muerte evitable.
Una vez que las empresas explotaron el suelo, se alejan impunemente dejando atrás enormes cavas que con el paso del tiempo se llenan de agua de lluvia y basura que al descomponerse produce líquidos lixiviados altamente contaminantes. Allí se reúnen muchos de jóvenes que buscan refrescarse en los días de verano.

“Es normal ver a pibes con gomones todos los días, esta es la playa de los lugareños. Pero es extremadamente peligrosa, la vegetación del suelo, las paredes que se derrumban ante quien quiere aferrase a ella para salir y los remolinos de agua pueden ser mortales, en un segundo esa playa te puede tragar”, alertó Gustavo Bogado, quien pertenece a la ONG Galpón 3 de González Catán.
A simple vista se ven hermosos espejos de agua, que en los días de verano se convierten en paraísos mortales, anualmente por lo menos una persona que entra para refrescarse, es literalmente tragada por esas aguas, producto de un lecho arcilloso y fangoso que hacen un efecto sopapa, que absorbe a quienes se sumergen, a esto se le suman las corrientes de aguas frías del interior y cálidas de la superficie que forman remolinos.
La Ordenanza Municipal 10.424/96 expresa que “los predios destinados a este tipo de explotación deberán contar con alambre perimetral de púas y carteles indicadores de la actividad. Además, se deberá contar con personal de vigilancia durante las 24 horas, de más está mencionar que jamás se cumplió de manera efectiva.
“Acá el Intendente hace lo que dice el poder económico”
Roberto Paladín, referente desde el año 1997, en la lucha contra la extracción de tosca dictaminó que “quien gobierna aquí en La Matanza no es el poder municipal. Es el poder económico y tengo pruebas para asegurar esto. Acá se hace lo que dicen los empresarios no lo que dice el poder municipal”.
Más adelante explicó que las ordenanzas que regulan la actividad se basan en una ley Provincial, “la ordenanza reglamenta alambrado, car-teles, vigilancia. Los primeros requisitos legales vienen de la Dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires”.
“La zona en la que se quiere excavar debe ser rural y no urbana y la empresa debe realizar un estudio de impacto ambiental y recomponer el suelo. Responsabilidades que no se cumplen, las empresas una vez que sacan lo que les sirve se van y dejan el pozo sin control alguno. El Municipio tiene la obligación de fiscalizar que las empresas cumplan con las leyes, pero tampoco es así. Está prohibido que la profundidad de la cava supere los doce metros, pero acá en La Matanza hay canteras que superan los 22 metros de profundidad. irregularidades por donde se lo mire”, subrayó.
Por su parte, Rubén Prymaczok, pertenece a la ONG Semillas al Viento y criticó que hay una “completa falta de planificación humana” y en referencia a la falta de controles opinó que el texto de la ordenanza “para nosotros es sencillo de cumplir, pero evidentemente no es fácil para el funcionario que no tiene compromiso con su pueblo y le es más fácil mirar para otro lado y recibir propinas de los que incumplen”.
“No puede ser que los funcionarios desconozcan la legislación, no hay compromiso hacia el pueblo es más fácil mirar para otro lado”, insistió.
Más adelante explicó que desde su trabajo vecinal se acercó a la cartera de Medio Ambiente para trabajar en conjunto pero se encontró con que “es muy lento todo, parece que están en otras cosas. Tratan de cumplir con algunos requisitos de ACUMAR pero sin mucho compromiso”.
En referencia a la concientización de los jóvenes en cuanto al peligro que corren al refrescarse en esas aguas contaminadas lamentó que “no hay medidas de ningún tipo, está todo abandonado y cada uno hace lo que quiere. Hay gente pescando, vendiendo carnada, chicos que se meten para refrescarse”.
Bogado lamentó que “todos los años muere gente, acá siempre hay muertos” y aclaró que “no existe un releva-miento de los casos por el mismo motivo que no hacen un relevamiento de la gente que muere de cáncer en la zona de la CEAMSE. Es preferible que de vez en cuando se difunda que murió alguien a tener un listado de las personas, porque si se hace la cuenta de que hace 40 años mueren por lo menos tres personas por año te pones a calcular y es mucha gente, es difícil que pase un año sin que muera gente”.
González Catán es la localidad que tiene más tosqueras, “tenemos contabilizadas por lo menos seis. En La Matanza hay tosqueras por todos lados en Virrey del Pino, 20 de Junio, Rafael Castillo, La Tablada, Villa Madero, Al-do Bonzi, González Catán”, aseguró Bogado.
Proyecto Larre
Un grupo de vecinos propone que las tosqueras que ya existen en el territorio matancero sean reconvertidas en espacios culturales, deportivos y habitacionales según las posibilidades de cada una.
Y esperan que la tosquera más grande de González Catán, la de Larre sea declarada reserva natural. Fue clausurada en junio de 1996 y se encuentra a pocos metros de la CEAMSE y del cementerio de autos.
“Paisajisticamente se la ve muy linda, habría que reacondicionarla, realizar algún parador con gente que vigile. En el 2010 desde la Secretaría de Medio Ambiente, se aseguró que iban a hacer una reserva natural pero no hay novedad”, informó Prymaczok.
Mientras que Bogado detalló que crearon un proyecto que apunta a realizar un diagnóstico tosquera por tosquera para que se dé un uso distinto. Como convertir algunas en reserva natural, que incluya vigilancia, protección y gente que pueda guiar con circuitos adentro. Otras para hacer un tipo de emprendimiento de pesca.
“Tenemos que tener un diagnóstico y especialmente estamos intentando que no sigan haciendo tosqueras nuevas, que se aprueban desde la autoridad Provincial y Municipal. Por eso desde el ámbito municipal somos los primeros que debemos salir a fiscalizar”, fundamentó.
El proyecto de ordenanza fue presentado por la concejal Sandra Oviedo en el año 2010, ese escrito esboza que el Estado local debe cumplir con la Ley Provincial y la Ordenanza Municipal que obligan a colocar alambrado, carteles de prohibición y custodia. Casi tres años después, ese proyecto continúa cajoneado en la comisión de Obras Públicas, la edil adelantó que este año lo reflotará.
El escrito también solicita a las autoridades de ACUMAR, estudios hidrogeológicos, de fon-do, profundidad, vegetación, movimientos de agua, y de calidad de agua de cada una de las tosqueras, especificando el tipo de actividad que se podría llegar a realizar en cada caso.
En el artículo quinto se solicita que se gestione ante el poder legislativo provincial que todos los predios identificados como tosqueras que se hallen en desuso sean sujetos a expro-piación para que se constituyan como áreas protegidas para el distrito de La Matanza.
Las propuestas
La reconversión apunta a que las cavas se constituyan como reserva natural y educativa, como espacio destinado a la recreación náutica con pesca, como espacios para la imple-mentación de emprendimientos productivos ictícolas (fauna ictícola: pejerrey, dentudos, tarariras, bogas, bagres, carpas y mojarras), otra propuesta interesante apunta al secado de los predios identificados con proyección a constituirse como estacionamientos subte-rráneos.
Oviedo criticó que “no hay decisión política de tomar este tema como fundamental. Hay otros intereses en el medio, hay camiones que arrojan residuos en los predios. Todos sabemos que la tosca es un negocio y fomentar ese tipo de emprendimiento hace que el Municipio haga la vista gorda”.
Normativas que muchos ignoran por cuestión de pesos
El artículo 41 de la Constitución Nacional marca que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin compro-meter las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obli-gación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
Mientras que la Ley N° 24.585 de Protección Ambiental (código de Minería) sancionada en 1995 deja en claro la responsabilidad de la empresa al imponer la presentación de un estudio de im-pacto ambiental de los suelos trabajados. Además en el artículo 17, se manifiesta que el Informe de Impacto Ambiental debe incluir: La ubicación y descripción ambiental del área de in-fluencia. La descripción del proyecto minero. Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, re-lieve y ámbito sociocultural. Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere. Métodos utilizados”.
Desde del ámbito municipal, en el año 1996 se sancionó la Ordenanza 10424 y en ella se dictamina que las empresas de extracciones de tosca deben subsanar el daño producido y rea-condicionar el suelo.
Además se establece que la extracción minera solo podrá realizarse en zonas rurales, e insta a los empresarios a colocar alambre perimetral y carteles indicadores de la actividad y los peligros. Los mismos deberán poder visualizarse durante el día como por la noche. Otro de los puntos aclara que la zona deberá contar con personal vigilancia durante las 24 horas.
como siempre funcionarios que no cumplen con su trabajo si esto sigue habria que pedir que hagan su trabajo`gratis ,como pueden cobrar sueldos y!!argentina pais generoso