El proyecto de ley para resarcir a las personas trans que sufrieron violencia institucional por motivos de identidad de género «es un orgullo, porque es la primera vez en el mundo que un gobierno reconocería nuestra condición de víctimas», afirmó Lohana Berkins, presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt) e impulsora de la norma presentada en la Cámara de Diputados.
«Esta es una ley reparadora que tiene que ver con los cambios que se están dando en la última década, que levantó y rejerarquizó los derechos humanos», dijo a Télam Berkins, quien ideó el proyecto junto a la activista Marlene Wayar.
La dirigente enfatizó que «es la primera vez en el mundo que un gobierno reconocería nuestra condición de víctimas» y destacó que el proyecto «visibiliza la violencia que sufrimos por gobiernos anteriores, cuando nos mandaban presas y nos violentaban por desafiar la heteronormalidad».
«El único delito que se nos imputaba era la peligrosidad que suponían nuestros cuerpos; nosotras nunca encajamos en la ley, por lo que este proyecto tiene un gran significado y nos emociona, porque nos va a permitir construir sin perder nuestra historia y que las que vienen no sufran las detenciones, vejaciones y violaciones por las que pasamos», sostuvo.
El proyecto 8194, impulsado por las organizaciones Futuro Transgenérico, Abosex (Abogad*s por los Derechos Sexuales), Alitt y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación) y promovido por la diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (FpV), establece una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causa de su identidad de género y como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad federales o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público nacional o federal.
El «Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de género», que fue ingresado en la Cámara baja a fines de octubre y girado para su tratamiento a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Justicia y Presupuesto y Hacienda, establece además que «serán beneficiadas especialmente las personas a las que se les hayan aplicado los incisos F, H e I del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal».
Ese artículo, que otorgaba a la policía la capacidad de juzgar, reprimía con 30 días de arresto a «los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario» (inciso F) y a «las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal» (inciso H).
El beneficio, que aumentará un 30 por ciento si la persona sufrió violencia sexual, se tramitará ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, será compatible con toda prestación contributiva o no contributiva y equivaldrá a la remuneración mensual asignada a la categoría D, planta permanente, del Sistema Nacional de Empleo Público.
«Nosotras éramos sujetas sin patria. Venimos desde hace mucho con esta idea y el contexto no era adecuado para presentarla, pero ahora sí y eso se dio a partir de la ley de identidad de género, una bisagra que nos reconoce como sujetos de derecho», dijo Diana Sacayán, coordinadora de MAL y secretaria mundial trans alterna de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
Sacayán consideró que el proyecto «viene a decir que esto no debe pasar más y que el Estado debe pagar por la violación sistemática de derechos humanos y los años de persecución».
«Es un honor que el colectivo trans me elija como su vehículo», expresó Conti, quien afirmó que «gracias a la militancia de estos colectivos se ha corrido el velo de los prejuicios».
«El régimen reconoce la reparación por parte del Estado por reprimir al que piensa y quiere vivir diferente. La derecha se encargó de dejar plasmado en normas lo más exacerbado de la discriminación, y hoy podemos plantear este proyecto porque la mayoría del pueblo argentino siente que el daño que se ha causado debe ser reparado», enfatizó.
Pedro Mouratián, interventor del Inadi, apuntó que «hoy tenemos un Estado presente, que entiende que las políticas antidiscriminatorias y los derechos humanos no son un relato, sino una realidad».
«Este proceso político que se inició en 2003 no está terminando sino que recién está empezando a caminar, porque recién estamos entendiendo que debemos aportar a un modelo de sociedad inclusiva y que nos haga sentir orgullosos», sostuvo.
De la presentación participaron también las diputadas Mara Brawer y Karina Nazábal (Fpv), y la directora general de Niñez, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo porteño, María Elena Naddeo.