La familia del chófer de la línea 620 que fue asesinado en Virrey del Pino, se refirió al inicio del juicio que comenzará a finales de marzo y en el cual se juzgará a uno de los participes del hecho, para quien piden la reclusión perpetua.
A poco de cumplirse tres años del crimen de Leandro Alcaráz, el chofer de la empresa Nuevo Ideal SA que fue brutalmente asesinado de dos disparos cuando terminaba su recorrido en el barrio San Pedro de Virrey del Pino, se juzgará a uno de implicados en el hecho para quien la familia pide la reclusión perpetua.
Se trata de un sujeto mayor de edad, acusado de instigar y ser coautor del asesinato de Alcaráz ocurrido en abril de 2018 y perpetrado por un hermano que en ese momento menor de edad. Por el hecho, el joven fue condenado a 14 años de prisión en un proceso judicial llevado a cabo en 2019, aunque la sentencia aún no está firme.
“Esperamos una condena firme y ejemplar”, expresó Jesica, hermana de la víctima sobre las expectativas que la familia tiene sobre el juicio, aunque aclaro: “justa no va a ser, porque nos arrebataron la vida de Leandro”.
El asesinato de Alcaráz fue cometido el 15 de abril de 2018 cuando conducía el interno 103 de línea 620 y al llegar a la parada situada en Santiago Bueras y Concordia, fue atacado a tiros. Recibió un disparo en el tórax y otro en el cráneo.
Según pudo reconstruirse, Alcaráz había mantenido una discusión con un pasajero porque no tenía carga en la tarjeta SUBE y este llamó a otro sujeto para que espere en la parada y ataque al joven que tenía 26 años.
El proceso se llevará a cabo en el Tribunal Oral Correccional 5, ubicado en Monseñor Marcón 2623, en la localidad de San Justo el 30 de marzo a partir de las 8.30 hs.
A la espera de una condena firme
El menor condenado tenía 17 años cuando ataco a Leandro Alcaráz y fue encontrado culpable de “homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego”.
En el fallo se impuso la pena de 14 años de prisión, que no se hará efectiva hasta que el acusado cumpla con un período de evaluación que se extendería durante un plazo de doce meses.
Alojado en un instituto de menores, el acusado debía someterse a un tratamiento tutelar y luego de ese período, el magistrado debería evaluar si aplica la pena que solicitó el representante del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Pero debido a la pandemia de Covid-19, se atrasaron una serie de pericias psicológicas a realizarse sobre el acusado. “Esperamos que los resultados sean favorables y cumpla con la condena, aunque para nosotros es nada”, dijo Jesica Alcaráz.