Así calificó Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, tras realizar la denuncia por el hallazgo de una bolsa que contenía más de 100 proyectiles y que fue encontrada el sábado 22 de julio, a pocos metros de la entrada del espacio que pertenece al organismo. “Había 70 balas de Fusil Automático Liviano (F.A.L), fabricadas en 1978”, denunciaron.
El sábado 22 de julio cerca del mediodía, Pablo Pimentel se encontraba trabajando en el espacio que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local tiene en Esnaola 3780, en la localidad de San Justo, lugar que hace apenas unos años era un basural y que el organismo recuperó.
Como parte de ese basural aún persiste, la entidad continua trabajando en la zona. Y fue en ese marco que Pimentel encontró, a pocos metros de la puerta de la sede de la APDH local, una bolsa que contenía más de 100 proyectiles.
“Yo no entiendo de balas, pero me pareció que eran balas de guerra por el tamaño”, señaló el presidente de la entidad. Efectivamente se trataban 70 balas de Fusil Automático Liviano (FAL), fabricadas en 1978, 29 balas de calibre 32 largo y un cartucho utilizado de proyectiles antimotines, según informó la policía científica horas después.
“Esto es una avanzada en los ataques que hay a los organismos de Derechos Humanos, tenemos que actuar rápido y desactivar esta campaña”, dijo Nora Cortiñas, cofundadora de la Madres de Plaza de Mayo, que acompañó a Pablo Pimental a realizar la denuncia correspondiente el lunes 24 de julio, en la fiscalía N° 9 .
Además, la histórica militante por los Derechos Humanos, pidió que se investigue de donde viene el ataque “para evitar que este tipo de hechos se repitan”. Luego de realizar la denuncia, Pimentel destacó el accionar de la fiscalía interviniente.
Para evita que la investigación se contamine, desde el organismo solicitaron que “no se le avise a la policía”. Entonces, “un abogado de su fiscalía buscó un policía sin decirle a qué operativo iban”, contó el presidente del organismo.
Para Pimentel el hallazgo corresponde a “un mensaje totalmente directo y mafioso que responde a la ideología que está instalada en la Casa Rosada hace 18 meses y en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
En la misma línea, el referente local de la APDH agregó: “esto es muy grave, porque responde al discurso que menoscaba, por parte del presidente de la nación y muchos funcionarios de su gabinete toda, la tarea que vienen realizando los organismos de derechos humanos”.
Según explicó, se echa por la tierra la hipótesis de un intento de descarte de los proyectiles. “Hacían unos 80 metros más y lo tiraban en el basural, nadie se iba a enterar de esto”, explicó Pimental.
Las sospechas
“Deseamos expresar nuestra preocupación ante este hecho que implica un retroceso muy grave y que afecta directamente a las garantías que el estado en democracia debe asegurar a los y las defensoras de derechos humanos”, expresó el organismo a través de un comunicado. El escrito continua: “por esto mismo, exigimos una expeditiva investigación de lo sucedido al Estado nacional, provincial y a la justicia. La casualidad no existe y las balas pican cerca diría un relator de futbol”.
Según explicó Pimentel, a nivel local se sospechan de 3 causas que han provocado el malestar en sectores poderosos y que pueden estar relacionadas con el macabro hallazgo. Las mismas son investigaciones por las muertes de Luciano Arruga, Gabriel Blanco y Fernando Leguizamón, todas involucran a policías.
“Son causas paradigmáticas que nos han traído muchos ‘problemas’. La de Luciano Arruga sigue impune y siguen bajo nuestra sospecha 8 policías que estaban cuando se vio por última vez a Luciano, subiendo al patrullero”, amplío Pimentel.
Por la participación de la APDH en el caso de Gabriel Blanco, el joven que en 2007 apareció ahorcado en una comisaría de Isidro Casanova, varios miembros del organismo recibieron amenazas, incluida la hija del presidente de la entidad, que fue amenazada con un arma de fuego, en un confuso episodio.
Cabe recordar que por este caso, Pimentel fue injuriado y amenazado en mayo de 2015. El presidente de la APDH local, fue acusado de “armar causas” y extorsionar a los presos para que declaren en contra de los policías implicados en la muerte de Blanco. Luego de las investigaciones, todo lo denunciado fue desestimado.
En tanto el tercer caso que podría estar relacionado con la amenaza, es el de la muerte de Fernando Ezequiel Leguizamón, que fie asesinado por el agente Gustavo Silva, exonerado de la fuerza por estar involucrado en narcomenudeo, pero que fue absuelto por este caso en abril.
En el ámbito nacional, Pimentel sospecha que el acompañamiento que realiza la APDH local por la detención de Facundo Jones Huala, un joven mapuche que reclama sus tierras a Benetton, podría también generar este tipo de acciones. “Facundo participo de la recuperación de tierras ancestrales y lo involucran en un hecho en Chile y en el último viaje que (Mauricio) Macri hace a Chile, Bachelet (Michell, presidenta del vecinos país) le pide que haga efectiva la extradición de Facundo”, explicó.
La APDH ha sufrido desde su creación numerosas ocasiones amenazas e intentos de silenciamiento por su participación en diversas causas de violencia institucional y violación a los derechos humanos. Ante este panorama, tampoco se descarta que las balas hayan sido tiradas allí con el propósito de echar un manto de sospechas sobre la actividad del organismo
En tanto, el referente del organismo fue contundente: “desde la APDH La Matanza hacemos responsables al Presidente Mauricio Macri, a la Gobernadora María Eugenia Vidal y pedimos que agudicen la investigación; los hacemos responsables de los hechos que sufra cualquiera de nuestros compañeros”.