Efectivos de Carabineros fueron denunciados este miércoles ante la Fiscalía Militar de la ciudad austral chilena de Temuco por el ataque con balines contra mapuches, en el que resultaron heridos una niña y tres adolescentes.
El presidente Sebastián Piñera ordenó una investigación, la oposición solicitó la intervención de la ONU y la central obrera exigió la renuncia del jefe de la fuerza.La denuncia fue presentada este miércoles por la Defensoría Penal Pública Mapuche y respaldada con la exposición del facilitador intercultural del organismo, Horacio Cheuquelaf, testigo presencial de los hechos ocurridos el lunes en el hospital Collipulli, en la región de la Araucanía, según reportaron los diarios El Mercurio, La Nación y Radio Cooperativa.
El incidente se registró luego del desalojo de miembros de la Comunidad Ignacio Queipul Tradicional Temucuicui de la ocupación pacífica de los fundos La Romana y Montenegro, propiedades de René Urban, en la comuna de Ercilla, que terminó con unos 12 detenidos.
Según Cheuquelaf, el ataque se produjo cuando familiares de los detenidos llegaron hasta el Hospital de Collipulli para informarse de su estado.
Los familiares habían llegado a visitar a los detenidos y cuando «se bajaban de sus vehículos, carabineros que estaban apostados en un bus empezaron a dispararle a las personas, que entraron a correr y a escapar de lugar», relató Cheuquelaf, que acompañaba en un vehículo de la Defensoría a los mapuches.
La abogada de la Defensoría, María Rosario Salamanca, quien presentó la denuncia, precisó que los disparos con balines produjeron «lesiones a varias personas, entre ellas una niña de 13 años que recibió un impacto de perdigón en el glúteo derecho y en la pantorrilla derecha, según la denuncia que ha hecho el facilitador».
Además, «un joven de 18 años recibió un perdigón en la sien, otro de 17 años, impactos en el abdomen y la mano derecha», y otro, de 17, fue herido en ambos muslos, indicó la abogada.
Por otra parte, el vocero de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, denunció que otras tres niñas, también heridas durante el desalojo de los fundos, habrían sufrido «todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los Carabineros».
Ante las denuncias, Piñera dijo este miércoles que respalda «100 por ciento» a Carabineros, pero que los hechos denunciados sobre violencia contra menores de edad se están investigando, porque su gobierno no aceptará actuaciones policiales «fuera de marco».
En tanto, dirigentes del Partido Por la Democracia (PPD), integrante de la opositora Concertación, solicitaron este miércoles de manera formal la visita de observadores de Naciones Unidas a La Araucanía para que indaguen la situación de los derechos humanos en la zona.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, el secretario nacional indígena del partido, Fermín Levio, y los integrantes de la Comisión Política de la colectividad Fernando Quilaleo y Domingo Namuncura (ex director de Conadi), se reunieron en Santiago con el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, a quien formularon la petición.
«Hemos hecho una invitación formal a Naciones Unidas a enviar un representante, un observador internacional», dijo al cabo de la reunión Quintana, senador por La Araucanía Norte.
Según el legislador, en el organismo multilateral «hay disposición para traer a observadores al país y una nueva visita del relator de Naciones Unidas James Anaya es una posibilidad».
«Se ha acogido en buenos términos el planteamiento del Partido Por la Democracia, pero también se requiere un pronunciamiento del Ejecutivo, y nosotros le pedimos al gobierno y particularmente al ministro del Interior que se haga parte de esta invitación que hemos hecho a Naciones Unidas», agregó el parlamentario.
Por su parte, el diputado René Saffirio, de la Democracia Cristiana, también miembro de la Concertación, exigió que los organismos públicos y de derechos humanos se hagan parte del caso.
«Aquí tiene que actuar Unicef, tiene que actuar el Instituto de Derechos Humanos y tiene que actuar el Servicio Nacional de Menores, el órgano que, por su naturaleza, debe proteger los derechos de los niños», instó el diputado.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó los hechos como «brutal agresión» que «va más allá de la persecución progresiva hacia el pueblo mapuche y ha traspasado todos los límites de la decencia», por lo que pidió la renuncia del director general de Carabineros, Gustavo González, en un comunicado difundido por la agencia de noticias Prensa Latina.
La crisis entre el Estado y la etnia mapuche, que provocó sanciones desde Naciones Unidas a Chile los últimos años, tiene como trasfondo los reclamos de tierras y autonomía de esta etnia.
Desde 1990, tras el retorno a la democracia, los gobiernos entregaron o regularizaron la propiedad de 600 mil hectáreas a las comunidades mapuches, que no tienen una estructura jerárquica, y que, en general, viven tanto en las ciudades como en los campos, con índices de pobreza bajo el promedio nacional.
Varios de sus líderes comunitarios, que cometieron hechos vandálicos durante los reclamos por la tierras, fueron juzgados con una polémica ley antiterrorista que permitía juicios dobles y el uso de testigos secretos pagados que no podían ser interrogados por los abogados defensores.
La norma, inicialmente aplicada en el gobierno de Piñera, fue finalmente derogada tras una huelga de hambre de presos mapuches que duró 81 días.
Fuente: Télam