La Cámara alta convirtió este miércoles en ley el proyecto que crea un nuevo estatuto del peón rural y amplía los derechos para los trabajadores de ese sector, impulsado por el oficialismo. Luego de más de tres horas de debate, la iniciativa fue aprobada por 68 votos a favor y uno en contra por parte del senador Carlos Menem.
La mayoría de los bloques respaldó en general la iniciativa por considerar que «mejora las condiciones laborales» de los peones de campo, pero la oposición cuestionó en particular la disolución del RENATRE.
El jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, defendió la propuesta del gobierno y rechazó las críticas opositoras sobre la disolución del Renatre al considerar que «es un error la persistencia en su sostenimiento tal como está concebido».
Pichetto advirtió que «el verdadero corazón de la ley es que el Estado recupere su capacidad de fiscalizar y controlar esta actividad».
La senadora Ana María Corradi de Beltrán (Santiago-FPV), encargada de exponer los principales puntos de la nueva normativa, explicó que el objetivo es que los trabajadores agrarios «recuperen los derechos que han tenido durante el gobierno de (Juan) Perón y que fueron perdidos por gobiernos de facto».
El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, explicó que su sector apoya «el 90 por ciento» de la ley porque «es claramente un avance en materia de derechos laborales» pero remarcó su rechazo a la disolución del Renatre, al que calificó como «de una buena construcción gremial».
Morales lamentó que «en democracia se haya llegado bastante tarde para modificar esta ley de la dictadura», pero criticó que «toque algunos temas que tiene que ver con la estructura de organización gremial y con el manejo de recursos».
La UCR planteó que se mantenga el Renatre como un esquema tripartito que incorpore una representación del Estado, además de las de los empleadores y de los empleados.
Adolfo Rodríguez Saá, en representación del Interbloque Federal, remarcó que el Renatre «ha sido exitoso» y «ha sido puesto como ejemplo por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)».
El senador Luis Juez, por el Frente Amplio y Progresista, consideró que lo que se discute «es una muy buena ley» pero lamentó que «no haya habido más diálogo» entre las fuerzas políticas y con los trabajadores para consensuar algunos de sus puntos.
La iniciativa prevé incorporar al peón rural dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y elimina el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadoes), el registro de los peones rurales que administran UATRE (el gremio conducido por el sindicalista Gerónimo «Momo» Venegas), las entidades agropecuarias y el Ministerio de Trabajo.
En su lugar, crea el Renatea (Registro Nacional de Trabajo y Empleo Agrario), un organismo al que estará constituido por un director y un subdirector general y un consejo asesor formado por la parte empleadora, la trabajadora y representantes de los Ministerios de Agricultura, Economía y Ciencias.
La nueva normativa crea un nuevo régimen previsional que reduce de 65 (60 en el caso de la mujer) a 57 años la edad jubilatoria y 25 años de aportes e incorpora una licencia por paternidad de 15 días.
La ley reconoce además a los peones rurales remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.
También establece que la jornada laboral tendrá ocho horas (42 horas semanales), reconoce el pago de horas extras, el descanso semanal y obliga a garantizar mejores condiciones de higiene y seguridad, como requisitos básicos de la actividad.
En tanto, mientras se desarrollaba la sesión en el Senado, grupos identificados con UATRE manifestaron en la Plaza del Congreso, frente a la explanada del Congreso Nacional, en protesta por la pérdida de la administración del Renatre.
La manifestación fue parte de una serie de protestas y cortes que tuvieron lugar en cuatro puntos de acceso al centro porteño: en la ruta 8, en la autopista Buenos Aires La Plata, en la autopista Richieri y en una parte del Puente Pueyrredón.
De hecho, al abrirse el debate en la Cámara alta, el senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria (FpV), denunció «una manifestación mafiosa» por parte de personas que participaban de una protesta en inmediaciones del Congreso.